Conaie se declara en asambleas permanentes para estar alerta ante un posible levantamiento indígena contra la minería

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se declaró en asambleas territoriales permanentes y a estar alertas ante la posibilidad de llamar a un levantamiento nacional para rechazar los proyectos mineros.El movimiento indígena mantuvo una segunda asamblea antiminera, este viernes 22 de marzo de 2024, en su complejo ubicado en el sector de Conocoto, en Quito, y luego de casi nueve horas de debate concluyó con catorce resoluciones. La cita estuvo coordinada por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza Salazar , quien dio lectura al texto en el que resuelven declararse en «asambleas territoriales permanentes y estar alertas para responder a las llamadas de un levantamiento nacional si se mantienen las condiciones de violencia y la imposición de la minería». La postura se da en un contexto en el que el gobierno de Daniel Noboa Azín promueve una política económica proyectada a la explotación minera que, incluso, fue parte de su agenda en Canadá a inicios de marzo, en donde se suscribieron acuerdos por más de $ 4.000 millones.Adicionalmente, en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado, del cantón Sigchos, en Cotopaxi, se produjeron enfrentamientos entre sus pobladores y la fuerza pública en las últimas dos semanas por la aplicación de la consulta ambiental, solicitada por la empresa canadiense Atico Mining, antes de iniciar la fase de exploración.Para contrarrestar las acciones gubernamentales en esa provincia, la Conaie convocó a un «paro solidario» previsto para el próximo miércoles, 27 de marzo, con la consigna de que cese el hostigamiento a los territorios afectados.Entre otras medidas, los dirigentes sociales resolvieron fortalecer el frente nacional para «luchar contra la minería legal e ilegal», ensalzó Iza; se integrará un frente jurídico para empujar acciones nacionales e internacionales para defender a sus poblaciones y a quienes sean «criminalizados» por protestar.En esa esfera, exigieron a la F iscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura «abstenerse de usar tipos penales para perseguir y criminalizar a los defensores de la naturaleza y sus territorios»; y, al régimen que desmilitarice Las Pampas y Palo Quemado, de lo contrario responsabilizan al presidente Daniel Noboa de la vulneración de derechos que puedan ser resultado de las movilizaciones.Entre otros pedidos, exigieron a la Asamblea Nacional que se investiguen las inversiones de la familia del primer mandatario en los proyectos mineros, porque puede constituirse en un posible conflicto de intereses. (I)

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