Nueve testigos y un perito ha expuesto el fiscal general encargado, Wilson Toainga, en los dos días de la audiencia de juzgamiento dentro del caso Reconstrucción de Manabí contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, ambos procesados por el delito de peculado.
La mañana de este jueves, 19 de junio, la sala integrada por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena instalará la tercera jornada de la etapa de juicio.
En la parte final del segundo día de audiencia, la tarde del 18 de junio, la Fiscalía presentó a un agente investigador de la Policía Nacional, José Alquinga, quien en los años 2021 y 2023 realizó visitas a las once obras que dentro de la acusación fiscal en el caso Reconstrucción de Manabí no fueron prioritarias y se habrían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos, así como en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización.
Publicidad
El perito refirió que encontró obras inutilizadas, inconclusas y dañadas. Entre las irregularidades que ubicó estaría el que las facilidades pesqueras que construyeron en cuatro parroquias y cantones de la provincia de Manabí no sirven para pescadores artesanales; y el parque Las Vegas, en Manta, se inundaría en invierno, pasaría cerrado y el agua sale hasta la vía obstaculizando el paso. Encontró lugares en los que habría necesidades urgentes, como acceso a agua potable y obras que no se habrían realizado.
Alquinga también habló de las relaciones de empresas contratadas para las obras construidas, las cuales harían tenido relaciones con otras empresas proveedoras que mantenían entre sus accionistas a personas relacionadas con procesados en la causa.
La teoría del caso de Fiscalía señala que una parte de los dineros recaudados por los ecuatorianos luego del terremoto de magnitud 7,8 grados ocurrido el 16 de abril de 2016 se destinó a once proyectos no prioritarios que habían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos. Toainga ha anotado que el monto del perjuicio ocasionado por el abuso de fondos públicos asciende a más de $ 225 millones.
Publicidad
Glas es procesado en esta causa al haber sido presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y Carlos Bernal, al haber sido el secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.
La audiencia de este jueves se reinstaló pasadas las 09:30 con la intervención de la perito Diana Guadalupe Pozo.
Publicidad
La lista anunciada por el fiscal Toainga en cuanto a testigos y peritos incluiría alrededor de 80 personas. Se cree que se reduciría en la medida en que el fiscal general prescinda de varios de esos testigos y peritos.
Al igual que en las dos primeras jornadas, Jorge Glas asiste de manera presencial y Carlos Bernal lo hace vía telemática desde Estados Unidos, país en el que se encuentra desde antes que se le formulen cargos por el delito de peculado junto con otras ocho personas, entre las que está el exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís, quien mantiene un estatus de refugiado en México.
La jueza Caicedo, antes de dar inicio a la diligencia, consultó a la secretaria de la sala que constatara el estado de salud del exvicepresidente Glas. La respuesta a este requerimiento de parte de los paramédicos asignados a la sala fue que era estable el estado de salud del líder correísta. La ponente de la sala aseguró que el tribunal respetará las normas vigentes y garantizará el respeto a la dignidad del ser humano.
Por otra parte, Carlos Bernal pidió a los jueces de la CNJ que, por el principio de transparencia y publicidad, permitan que sea transmitida la audiencia de juzgamiento de manera íntegra.
Publicidad
Justificó su pedido en que se estaría reproduciendo en redes sociales y medios de comunicación información inexacta y descontextualizada. Luego de una corta deliberación, el tribunal negó el pedido indicando que debe garantizar que los testigos y peritos no se contaminen con lo que se dice durante la audiencia y tampoco puede coartar la libertad de expresión. (I)
