Con 77 votos, Asamblea aprueba Ley urgente sobre eficiencia de gasto de los GAD

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fue aprobado este viernes, 20 de febrero, por el pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor provinieron de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) , dos expulsados del sector de Pachakutik , un ex PSC , los cinco legisladores que abandonaron la bancada Revolución Ciudadana (RC) y los asambleístas independientes de Imbabura y El Oro . La norma pasó con la mínima votación requerida. Los 71 votos en contra fueron: de la bancada correísta RC, tres Pachakutik, tres expulsados de Pachakutik, tres del PSC. Las abstenciones fueron del expulsado de Pachakutk José Nantipia y del representante de Sucumbíos, Juan Gonzaga. También se registró la ausencia de la asambleísta María Cristina Acuña (ADN-Pastaza) .La sesión se instaló, con 150 legisladores presentes, pasadas las 12:00 en la Universidad Ecotec , campus Samborondón, para tratar dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica .La ponente del proyecto, la legisladora oficialista Valentina Centeno , inició el debate destacando que con el proyecto se plantea una distribución eficiente y que lo que hace es fortalecer una norma que data de 2011, y presentó la moción para la votación. Centeno presentó el pedido de reconsideración a la votación, pero este no prosperó. Este informe que se debatió este viernes fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico. La propuesta plantea que los GAD destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión —obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos— y el 30 % a gasto corriente .En su intervención, Centeno cuestionó que en el país aún más de 4 millones de personas no tengan acceso a agua potable y que esto es preocupante. Reiteró que estas son obras en las que deben invertir los gobiernos locales; asimismo, manifestó que son 12 millones de ecuatorianos los que no reciben agua de calidad y limpia. La legisladora dio cifras de Guayas y resaltó casos como el de Baquerizo Moreno, donde el 72 % no tiene acceso a agua, o Durán, donde el 52 % de sus habitantes se encuentra en la misma situación. Centeno dijo que estos casos no son aislados y que se repiten alrededor de todo el territorio nacional. Centeno recordó que además de las competencias específicas que tienen los GAD también existen competencias compartidas con el Gobierno nacional. También habló de los cuestionamientos a supuestas prohibiciones que establece el proyecto por parte de figuras como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, o del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. “Aquí no hemos venido a prohibir la inversión en educación o social a nadie, como ustedes lo hacían en el 2013″, apuntó Centeno al recordar que estos mismos funcionarios ocupaban la legislatura y la Secretaría de Planificación, respectivamente, en esos años. En el debate participó también el legislador Sergio Peña, quien expuso los casos de “despilfarro e irresponsabilidad”, que considera existen en los gobiernos locales, en cosas como autos blindados, presentaciones artísticas en fiestas, entre otras. “Guayaquil, $ 494.000 en fiestas ya adjudicados, los GAD confundieron los gastos eficientes y la autonomía con gasto alegre... Ahora Quito, donde solo $ 72.000 se gastaron en un evento en alimentación. Luego, Machala, donde ya se sabe que traen artistas internacionales, solo en fiestas han gastado $ 480.000. Y Cuenca, donde el alcalde gastó $ 176.000 en la compra de un auto blindado... No sean descarados”, apuntó. El asambleísta Diego Salas, de la Revolución Ciudadana , pidió la palabra luego de que Centeno presentara la moción para votar por el proyecto urgente al finalizar la intervención de Peña. Salas expresó su rechazo a la eventual norma y dijo que esta afecta a los gobiernos locales mayormente en el ámbito social, y recordó que existe un informe de minoría que debería ser considerado. Al debate se sumó la legisladora de Pachakutik Mariana Yumbay , quien ratificó la oposición de su bloque al proyecto y recordó que en caso de aprobarse este, estaría reformando de forma indirecta la Constitución vigente por afectar los criterios de autonomía establecidos. Al igual que el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano, quien cuestionó que los últimos ocho meses los debates legislativos se hayan vuelto “una bronca entre ADN y la RC”, y que en este momento los gobiernos locales están fuera de las disputas políticas.Se sumó también la asambleísta Lucía Pozo, legisladora de ADN, quien dijo que el proyecto ha sido socializado y que si el rechazo fuera como se menciona desde los sectores opositores, no habrían alcanzado las calles de Guayaquil para recibir las marchas de los 222 cantones del país. La legisladora Liliana Durán, de la RC , expresó que han sido los gobiernos locales los que han implementado programas sociales para jóvenes y mujeres que han permitido el desarrollo de muchos de ellos y que ahora con la propuesta se ponen en riesgo. El asambleísta Otto Vera (PSC) expresó también su rechazo a la propuesta y dijo que si bien están de acuerdo con el 70-30, se establezcan criterios para temas sociales y proyectos de esta índole. Vera dijo que es necesario que sean las autoridades que incumplen la administración de estos montos las castigadas y no el pueblo. Se sumó también el asambleísta Steven Ordóñez (aliado ADN) , quien resaltó que las autoridades del país están al servicio de la gente y recordó que la gente no entiende de competencias. “En los recorridos cuando vamos a pedir el voto nos piden agua, alcantarillado, porque la gente no sabe de competencias. ¿Y por qué nos piden eso? Porque no se sienten representados”, indicó. La asambleísta del correísmo Paola Cabezas participó también en el debate y rechazó que se pretenda decir que el proyecto no afecta la autonomía. Y cuestionó a la prefecta Roberta Zambrano y a la alcaldesa Yuri Colorado por ser de las funcionarias más “fiesteras” y que ahora no se oponen a la reestructuración del manejo económico. Al debate se sumó también el legislador Jorge Chamba, de ADN , quien mencionó que hace muchas décadas las peleas no se daban por centavos y que alcaldes de las ciudades gobernaban en favor de la gente y legalizaban sectores populares sin tener definidos rubros. “La Ley no castiga al pueblo, al pueblo lo castigan los malos alcaldes que no hacen obras”, indicó.En la misma sesión, los legisladores conocerán esta tarde el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía , también calificado como urgente en materia económica.El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca reactivar la inversión minera legal , fortalecer el control estatal frente a la minería ilegal, diversificar la matriz energética y asegurar que los ingresos generados se traduzcan en inversión social, mientras que la oposición advierte de riesgos ambientales y conflictos sociales. (I)

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