Presiones e interferencias por parte del Gobierno nacional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a fin de modificar el reglamento para designar al contralor general del Estado, fueron reveladas en la segunda sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que sustancia el pedido de juicio político a los siete consejeros, acusados de incumplir funciones.