Los delegados del correísmo y de Pachakutik ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional se opusieron a la aprobación del informe del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que se aleja de conceptos punitivos y se enfoca a la autorregulación y la responsabilidad ulterior de medios de comunicación y periodistas.

El 15 de diciembre de 2021, la mesa legislativa aprobó con cinco votos el informe del proyecto que unifica cinco propuestas de reformas a la Ley de Comunicación planteadas desde el Ejecutivo, el exlegislador Juan Cárdenas (RC), y los actuales asambleístas Marcela Holguín (UNES), Marjorie Chávez (PSC), Fernando Villavicencio (CN-PSE) y Dina Farinango (PK).

La decisión es crear una nueva ley, pero se deja en vigencia los artículos de la actual Ley de Comunicación en un cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico.

En su contenido, el proyecto busca garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales.

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Plantean que la Ley de Libertad de Expresión y Comunicación sea tramitada en bloques distintos

La legisladora Chávez será ponente del proyecto ante el pleno; ella asegura que la propuesta de la nueva ley cumple con los estándares internacionales en temas de libre expresión, y que frente al modelo de censura previa que existe actualmente cambia a un modelo de responsabilidad ulterior y autorregulación.

La intención es contar con una ley, que de manera autónoma y específica, desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.

La norma en discusión pretende superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición, y da lugar a un esquema de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos.

El proyecto contenido en 38 artículos y 16 disposiciones entre generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, define lo que son los medios de comunicación y sus clases; el interés público como discurso protegido; el estándar de real malicia como parámetro para la determinación de responsabilidad ulterior; la máxima garantía de las libertades y difusión de contenidos; la responsabilidad ulterior como garantía de los derechos de terceros; pluralidad, interculturalidad, acciones afirmativas, igualdad, entre otros.

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Se reconocen los derechos de réplica, rectificación, obtención de copias o programas como mecanismos que posibilitan la reparación ante afectaciones causadas a la dignidad, honor y buen nombre.

Autorregulación y responsabilidad ulterior

En el debate del informe, recuerda Chávez, se pretendió dejar de lado los momentos que se vivieron hasta el 2019, es decir, el sistema punitivo en contra de los medios y periodistas.

Elías Jachero (BAN) señala que tras el análisis a las cinco propuestas de reformas, lo que se buscó es garantizar las libertades de prensa, opinión y expresión amparados en la Constitución y los instrumentos internacionales.

Que es un proyecto perfectible y que tras el primer debate habrá nuevas propuestas, pues establecer la responsabilidad ulterior como herramienta de autorregulación llevó a los legisladores de UNES y Pachakutik a no respaldar el informe.

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Jachero indica que existen otros nudos críticos como las obligaciones del Estado frente a la libertad de prensa, los contenidos de comunicaciones, los derechos de los trabajadores de la comunicación y las atribuciones del Consejo de Comunicación como un órgano colegiado que se encargará de regular la difusión de los mensajes de violencia, temas sexuales y discriminatorios, pero aclara que ese organismo no regulará los contenidos de lo que difundan los medios.

Se buscó la postura de los legisladores de UNES de la mesa de Relaciones Internacionales, no hubo respuesta. Pero antes de la aprobación del informe, el asambleísta Fernando Cedeño recalcó que es defensor de la actual normativa, por eso creían en la reforma y no en la propuesta contemplada en el informe, por ello, votaron en contra.

En cambio, el representante de Pachakutik Salvador Maita anunció que presentará un informe de minoría sobre este proyecto, pues asegura que no hubo el debate adecuado en la última reunión de la comisión y que no se unificaron los cinco proyectos como se afirma en el informe de mayoría. Que también creían que se debía reformar la actual Ley de Comunicación para mejorar y modernizar de acuerdo con las necesidades del pueblo ecuatoriano y a los estándares internacionales, pero no dar paso a una nueva ley.

El informe del proyecto de ley define cómo opera el modelo de autorregulación a partir de un sistema que se acentúa en la regulación de los propios medios y trabajadores de la comunicación sobre la base de principios éticos y en un ejercicio articulado con el Consejo de Comunicación, el control ciudadano y la designación de un defensor de las audiencias.

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En el texto se mantiene el mandato de la consulta popular de 2011 con la existencia del Consejo de Comunicación como órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior, no obstante, cambia su integración con el propósito de asegurar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones y la representación de los sectores que integran el sistema de comunicación y a partir de ello se defina claramente sus facultades regulatorias, pero no sancionatorias.

Estará integrado por seis miembros, pero quien lo presidirá ya no será el delegado de la Función Ejecutiva, sino el delegado de la Función de Transparencia y Control Social.

Mantiene y desarrolla los derechos de los trabajadores de la comunicación y les asegura una protección específica que corre por parte del Estado en relación con el ejercicio de la actividad periodística en ciertas actividades consideradas como riesgosas.

Clases de medios

En el proyecto se define lo que son medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Mientras que los medios públicos son creados por las instituciones públicas para difundir contenidos de interés público, libres de subordinación política y con línea editorial independiente; los medios privados contarán con autonomía en su programación y libertad para determinar la línea editorial, sus contenidos pueden ser patrocinados.

En cambio, los medios comunitarios son independientes, con autonomía programática, sin fines de lucro, cuya rentabilidad es social, sin perjuicio de un financiamiento particular a través de la comercialización de productos, servicios, proyectos, etc.

Estos medios pertenecen a colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil, y estarán encaminados a la participación ciudadana, el diálogo abierto, la transparencia local, el fortalecimiento de la comunidad a la que sirven, la transformación social, el sistema de vida comunitario y el buen vivir.

Chávez comentó que en el proyecto se establecen incentivos a los medios comunitarios, además se toma en cuenta a los medios digitales como herramientas de desarrollo en la comunicación. (I)