Comisión legislativa que investiga los Pandora Papers podría solicitar una extensión del plazo para presentar su informe final

A la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional se le acortan los plazos para presentar su informe final respecto de la investigación de los Pandora Papers, en los que se menciona al presidente de la República, Guillermo Lasso, por lo que no descarta pedir una extensión del plazo.

La Comisión aprobó un cronograma en el que se planteó remitir su informe final a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, el 5 de noviembre, pero la información que requieren de varias instituciones del Estado podría tomar hasta diez días en ser entregada.

El presidente de esa mesa legislativa, José Cabascango (PK), expresó que en los próximos días seguirán recibiendo comparecientes e información para elaborar el informe final, y aseguró que no es preocupación de los asambleístas no contar con las filtraciones de los Pandora Papers.

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La publicación de los Pandora Papers reveló que el jefe de Estado tenía acciones y activos de entidades panameñas que se transfirieron a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur (Estados Unidos) de los que se deshizo a finales del 2017, tras la vigencia de la ley ecuatoriana que prohíbe a los servidores del Estado tener bienes o capitales en paraísos fiscales.

Para Cabascango “no es un problema de la Comisión” tener esta información, pues lo que les encargaron es hacer una investigación con información de las instituciones del Estado, precisó.

No obstante, cree que la negativa de Lasso, por no asistir al seno de la Comisión después de dos convocatorias, tendría como objetivo obstaculizar la investigación legislativa.

En los últimos días se registraron las comparecencias de los titulares del Sistema de Rentas Internas (SRI), del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado, que han dejado dudas en los legisladores.

A criterio de Cabascango, la participación de las autoridades “da mucho que hablar” y podrían estar “obstaculizando” la investigación.

“Desde las diferentes instancias y personas a las que se les está solicitando información no hay la colaboración suficiente. Los funcionarios llegan a la Asamblea a decir que sea la misma Asamblea la que brinde información, y me parece que no están entendiendo que si se los invita es para que den información; como el SRI, que vengan a decir que la Asamblea dé información… Me parece que están ocultando información o, a su vez, no están cumpliendo con su labor. Porque no estamos haciendo consultas o pidiendo información que no esté en el marco de sus competencias”, criticó Cabascango.

El legislador prefiere no anticipar qué conclusión se expondrá respecto de la ausencia de Lasso en la Comisión, pero la dejarán plasmada en el documento final.

“Expondremos la ausencia del presidente de la República. Él como funcionario tiene la obligación de dar información, y no se le quita la responsabilidad ante la Asamblea y el país de que su ausencia da mucho que decir”, resaltó.

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En todo caso, la planificación podría enfrentar cambios, pues se ha solicitado información a varias instituciones, que tienen hasta diez días para entregarla, lo que “puede generar que se pueda pensar en una prórroga” para presentar el informe, indicó Cabascango.

Para él, todo dependerá de la “voluntad” de las autoridades; o, de lo contrario, advirtió de las acciones legales y políticas que podrían enfrentar.

El asambleísta Virgilio Saquicela, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) e integrante de esta Comisión, no descarta que haya una solicitud de prórroga para entregar el informe, debido justamente a las solicitudes de información que han hecho varios asambleístas, sobre todo de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES).

Saquicela es crítico del procedimiento político que se realiza al mandatario, porque no se aplicó correctamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa; pero, además, porque la Fiscalía y la Contraloría están investigando el caso.

Opinó que el informe que se elabore debería ser archivado por el pleno, y anticipó que es posible que haya un informe de mayoría y otro de minoría. “Pero al final del día, el pleno debe dar por conocido y archivar el tema, porque está en investigación en la justicia y en la Contraloría”.

Este sábado 23 de octubre, la Comisión recibió a varios analistas internacionales para que explicaran en qué consisten las empresas offshore y por qué se las crea en países considerados como paraísos fiscales.

Uno de los consultados, Eric Toussaint, se comprometió a remitir a esta Comisión los documentos que son parte de los Pandora Papers. Esto, porque la información no ha sido provista por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), que divulgó la investigación, debido a la cláusula de la reserva de fuente.

Ese día, la Comisión reinstaló la sesión 034, en la que estaba previsto recibir a María de Lourdes Alcívar y Santiago Lasso, esposa e hijo, respectivamente, del presidente Lasso; al notario público Roger Arosemena, entre otros personajes políticos. Sin embargo, ninguno acudió.

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Arosemena envió una comunicación escrita explicando que su función fue notarizar la declaración del presidente Lasso, y que desconoce información respecto a los Pandora Papers, excepto lo que se ha publicado en los medios de comunicación.

La respuesta escrita no satisfizo a los legisladores, por lo que Mario Ruiz (PK) planteó que se lo vuelva a convocar, con previo aviso al Consejo de la Judicatura, para que informe las acciones sancionatorias que se pueden aplicar al notario por no asistir.

Incluso propuso que se extienda una nueva invitación a los familiares de Lasso, pero la legisladora de UNES Paola Cabezas dijo que no era conveniente insistir en ello. Así que con siete votos a favor se aprobó resolver llamar nuevamente al notario público. (I)