La Comisión Permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional inició el trámite para la investigación de los papeles de Pandora la tarde de este lunes 11 de octubre, avocó conocimiento de la resolución del pleno y otorgó 24 horas de plazo a sus integrantes para que emitan observaciones sobre la propuesta borrador del cronograma.

La investigación sobre las revelaciones de los papeles de Pandora debe esclarecer si el presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales, señaló la Asamblea, en un comunicado publicado el pasado domingo.

Tras la lectura de la resolución, el presidente de la mesa, Jorge Cabascango (Pachakutik), dispuso a la Secretaría la lectura de la “hoja de ruta” para la investigación y se establecieron los siguientes elementos: el periodo de investigación arranca desde el 2017, año en el que se realizó la consulta popular, en la que ganó la propuesta del Gobierno de prohibir el desempeño de cargo o dignidad a quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

Luego, los integrantes de la Comisión conocieron un borrador del cronograma en el que se establecían varias comparecencias, incluida la del presidente Guillermo Lasso, y se ponía el 28 de octubre como fecha para la aprobación y debate del informe.

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Sin embargo, por una moción presentada por la asambleísta Victoria Desintonio (UNES) y apoyada por unanimidad, se otorgó el plazo de 24 horas para que los legisladores puedan hacer sus observaciones sobre el cronograma planteado.

Asamblea Nacional aclara que una sola comisión se encargará de la investigación sobre los papeles de Pandora

Hasta la hora en que se desarrolló la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales (14:30), la Comisión de Fiscalización no remitía la información y documentación recabada sobre este caso. Según la resolución del pleno de la Asamblea, aprobada con 105 votos el pasado jueves 7 de octubre, la información debía ser remitida de manera “inmediata”. Cabascango ya envió un oficio reiterando el pedido, aún no tenía respuesta.

El borrador del cronograma proponía las comparecencias del presidente Guillermo Lasso, representantes de instituciones nacionales e internacionales, organismos internacionales, los representantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Ecuador y otros.

En el transcurso de la sesión, que duró menos de una hora, el asambleísta Édgar Quezada (Pachakutik) pidió que se notifique al presidente Guillermo Lasso el inicio de esta investigación para que haga uso de su derecho y en lo posterior no alegue ningún tipo de violación a sus derechos o nulidad del proceso.

Pero más adelante, Paola Cabezas (UNES) sostuvo que el presidente no está siendo procesado ni se lo está acusando y, por eso, no tiene que ir a la Comisión a defenderse, que es importante “contrastar” la información de la investigación periodística, y que “el presidente de la República tiene que venir y comparecer a la primera función del Estado para contrastar esta información”.

Desintonio agregó que la Comisión no va a investigar “a domicilio”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, declaró que él continuará con la investigación de este caso por cuenta propia.

Los representantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado (CGE), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo Nacional Electoral (CN), según las primeras sugerencias de los integrantes de la mesa.

La Comisión tiene treinta días para emitir un informe que será conocido por el pleno de la Asamblea. (I)