Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe del proceso de sustanciación del juicio político en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Gonzalo Albán Molestina, que sugiere al pleno de la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente al funcionario.
El documento se aprobó la tarde de este viernes, 12 de septiembre de 2025, con los votos de los asambleístas de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) Nataly Morillo, Fabiola Sanmartín, Ana Belén Tapia, José Alberto Moreno y Ferdinan Álvarez, así como con el voto favorable de José Luis Nango, legislador de Pachakutik aliado con ADN, quien presentó la moción.
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En tanto que los asambleístas de la Revolución Ciudadana Janeth Bustos, Fricson George, Ana Herrera y Naki Lauro Saant votaron en contra.
Antes de la votación, Herrera observó durante el proceso de sustanciación de juicio político que todas las pruebas que se presentaron tienen que ver con hechos ocurridos antes de que Gonzalo Albán asuma el cargo.
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“Durante todo el proceso no se ha podido probar el incumplimiento de funciones”, sostuvo.
La solicitud de juicio político fue presentada por el asambleísta de ADN Keevin Fernando Gallardo Ruiz, quien señala al consejero del CPCCS de incumplimiento de funciones.
El informe aprobado concluye que Albán incurrió en incumplimiento de funciones en los términos del artículo 131 de la Constitución y artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haber accedido y ejercido el cargo sin cumplir con el requisito de no haber sido adherente a organización política en los últimos cinco años.
“Dicho incumplimiento vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de las funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política”, agrega el texto.
El texto defiende “que estos argumentos justifican el juicio político ante el pleno de la Asamblea Nacional, al tratarse de una infracción que afecta de forma directa la independencia, imparcialidad y legalidad del órgano de control (CPCCS)”.
Tras la aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización, el presidente de la legislatura, Niels Olsen, tiene un plazo de cinco días para convocar al pleno a la sesión en la que se desarrollará el juicio político contra Albán.
El proceso
El solicitante del juicio acusó a Albán de incumplimiento de funciones y como pruebas presentó certificaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el voto salvado de la exjueza del TCE Mónica Guaicha, en las que se hace un estudio con respecto a una presunta adherencia del hoy acusado, con el movimiento Mover, cuando se postuló como candidato por CPCCS.
Por su parte, Gonzalo Albán, durante la etapa de presentación de pruebas, dijo que el proceso que pretende aplicarle la Asamblea no es un juicio político, sino un despropósito constitucional, porque quieren sancionar a un consejero por supuestos hechos anteriores al ejercicio del cargo. Por lo tanto, el Parlamento es incompetente en razón del tiempo para iniciar un proceso de juicio.
Que el juicio político procede única y exclusivamente por incumplimiento de funciones; por lo tanto, preguntó: ¿Qué función podría incumplir si todavía no había asumido el cargo? Albán asumió el cargo en enero de 2025 y la acusación que se presenta son por hechos supuestamente cometidos en el 2022-2023. (I)