Con seis votos afirmativos, la Comisión de Seguridad Integral aprobó la tarde de este sábado, 7 de junio, el texto final de votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, cuyo objetivo es regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, así como la coordinación y cooperación con los organismos de apoyo, otras entidades del Estado y personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas.
La moción para aprobar el texto íntegro fue presentada por el legislador Mario Zambrano, en atención a la importancia de este proyecto en el ordenamiento jurídico nacional.
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El Sistema Nacional de Inteligencia contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros que disponga el presidente de la República.
De esta manera, se llevarán a cabo actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de alertar y asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.
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Durante la sesión, la legisladora Jhajaira Urresta recordó que remitió observaciones a los artículos 5, 11, 12, 14 y 51, este último relacionado con el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones.
En respuesta, la presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, dispuso que el secretario relator certificara los artículos observados durante el segundo debate, precisando que el artículo 51 no consta en la matriz de textos con observaciones.
Por su parte, el asambleísta Francisco Cevallos aclaró que la rendición de cuentas de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ante la Comisión de Seguridad no limita ni restringe las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional, sino que se encuentra en consonancia con el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Esta postura fue respaldada por el legislador Andrés Castillo, quien argumentó que el avance de la delincuencia requiere acciones urgentes y que esta ley constituye una herramienta eficiente que permitirá al Estado anticiparse a las acciones de los grupos del crimen organizado. Asimismo, señaló que el contenido del artículo 51 no contraviene la Constitución.
La legisladora Jahiren Noriega solicitó la comparecencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil y expresó su postura respecto a los artículos 47 y 52 del proyecto legal.
Por su parte, Mariana Yumbay enfatizó que la normativa debe ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales, e hizo referencia a las quince observaciones que presentó.
El debate concluyó con la intervención del legislador Gerardo Machado, quien se refirió a los actuales niveles de inseguridad en el país. (I)