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Comisión de Educación aprobó proyecto de resolución para revisar la proforma del presupuesto y devolverla al Ejecutivo

Entre los argumentos presentados resalta que la proforma asignaría al Ministerio de Educación $ 449 millones menos que el año pasado.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó este lunes, con siete votos a favor, el Proyecto de Resolución presentado por la Asambleísta Isabel Enríquez e Isabel Vargas, presidenta Nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Foto: Tomado de @ManuelMedinaQ

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Con siete votos a favor, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el Proyecto de Resolución que plantea que el pleno de la Asamblea Nacional observe la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el periodo fiscal 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024 y solicita la devolución al Ejecutivo.

Esta resolución fue presentada por la asambleísta Isabel Enríquez y la presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas.

Esto, según el proyecto, por incumplir con la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Educación Intercultural (LOEI), ratificada por la Corte Constitucional, que ordena la restitución de los recursos que fueron recortados en el ejercicio económico 2020.

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Entre las razones, el proyecto señala en su artículo 1 que en el ejercicio económico del 2021 se debe asignar al Ministerio de Educación el monto determinado en el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior, que asciende a $ 3.817′965.789,41, como ordena el art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial n.º 434 del 19 de abril de 2021 y ratificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional mediante sentencia n.º 32-21-IN/21 y acumulado de fecha 11 de agosto de 2021.

Sin embargo, se advierte que en la proforma del PGE para el presente periodo fiscal se han asignado $ 3.368′580.652,59 para este sector, es decir, $ 449´385.136,82 menos, con Io que se afecta a la educación inicial, educación general básica y bachillerato.

Además, en la proforma del PGE no se reflejan los recursos que fueron recortados, reducidos o modificados en el presupuesto asignado al Ministerio de Educación en el 2020, que superan los $ 900 millones conforme lo determina el Informe de fin de gestión 2019-2020 de Vinicio Baquero, señalados también en los informes n.º DNF-CGAF-3020-00019 y n.º DNF-CGAF-2020- 00010 de fechas 10/07/2020 y 16/06/2020, respectivamente, emitidos por María Fernanda Sáenz, coordinadora general administrativa y financiera de la cartera de Educación.

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El proyecto señala que estos valores deben ser restituidos porque así Io establecen las Disposiciones Transitorias Trigésima y Cuadragésima Segunda de la Ley Orgánica Reformatoria de la LOEI, recursos que deberán ser destinados para financiar la equiparación salarial del magisterio y más derechos sociales y económicos de los docentes del país contemplados en la mencionada norma.

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También incumpliría el art.107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural al recortar alrededor de $ 40 millones a las universidades y escuelas politécnicas públicas, entre otros argumentos.

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Al respecto, Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, sostuvo: “Rechazamos la reducción del presupuesto para la educación pública en el Presupuesto General del Estado. Nuestros jóvenes necesitan más apoyo. ¡Exigimos al Gobierno respeto para nuestra educación pública!”.

El art. 2 del proyecto dispone presentar la resolución en el pleno de la Asamblea Nacional como moción en la sesión que se convoque para debatir el Informe no vinculante respecto a la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el periodo fiscal 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024, emitida por la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, a fin de que el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional resuelva observar estos instrumentos de determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado y devolverlos al Ejecutivo por vulnerar expresas disposiciones constitucionales y legales.

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