Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional aprobó la mañana de este sábado, 28 de marzo, el texto final de votación sugerido sobre el proyecto de ley orgánica que reforma la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión del Suelo (Lotus). Desde la presidencia de la mesa se dispuso que el texto sea remitido al presidente de la Asamblea y a la secretaría general para que sea conocido por el pleno del Legislativo en la sesión del lunes próximo en Machala.
Lucía Pozo, presidenta de la comisión, dio a conocer a los integrantes de la mesa los seis cambios introducidos en el informe final, el cual se llevará a votación del pleno de la Asamblea. Señaló que estos cambios sugeridos por expertos, por organizaciones de la sociedad civil y demás actores de las diferentes localidades se hicieron en pos de velar y tutelar el bienestar del país.
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Los cambios introducidos:
1.- Dentro del artículo número ocho sobre el derecho a edificar se ha agregado lo siguiente. El derecho a edificar también se considerará concedido y vigente cuando haya existido aprobación por parte de los consejos municipales o metropolitanos de los conjuntos habitacionales o urbanizaciones.
2.- Cambio número dos. A continuación del artículo 40.2 se ha incorporado el siguiente articulado. Artículo 40.3. De los informes emitidos por el ente rector de la planificación nacional: cuando el ente rector de la planificación nacional identifique el posible cometimiento de una infracción remitirá el informe técnico correspondiente a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. En el plazo improrrogable de un mes tras la recepción del informe, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo de manera obligatoria iniciará las acciones de vigilancia o control pertinente para determinar la existencia o no de infracciones.
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3.- Dentro del artículo número 108, que versa sobre las infracciones muy graves, ha sido agregada una nueva infracción. 108.2. Emitir y o ejecutar planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes de uso y gestión del suelo, planes urbanísticos complementarios o instrumentos de planeamiento urbanístico contrarios o que no guarden concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional Territorial Nacional.
4.- En el artículo número 109, que versa sobre las sanciones dentro de las infracciones leves y la multa a la que habría lugar, se ha decidido sustituir el 10 % de un salario básico unificado (SBU) de los trabajadores en general por un SBU de los trabajadores en general, quedando dicho apartado de la siguiente forma: 1.- Infracciones leves, entre un SBU de los trabajadores en general y 20 SBU de los trabajadores en general.
5.- De igual forma, continuando con el artículo 109, agréguese en el apartado de infracciones muy graves lo siguiente: se exceptúan las previstas en el artículo 108, numerales dos, cuatro, cinco, nueve, diez y once, que serán sancionadas con una multa equivalente al 3 % de la asignación presupuestaria anual del Gobierno autónomo descentralizado (GAD).
Es decir, que el numeral tercero que trata sobre el rango de las multas que aplicará para las infracciones muy graves quedará de la siguiente manera: 3.- Infracciones muy graves, entre 50 y 100 SBU de los trabajadores en general. Se exceptúan las previstas en el artículo 108, numerales dos, cuatro, cinco, nueve, diez y once, que serán sancionadas con una multa equivalente al 3 % de la asignación presupuestaria anual del GAD.
6.- Se ha sustituido en la disposición transitoria séptima el periodo de seis meses a un año para que los Gobiernos autónomos descentralizados en ese plazo puedan realizar las actualizaciones a las que hubiese lugar quedando la redacción final de la disposición transitoria de la siguiente manera: En el plazo de un año, los GAD en el marco de sus competencias y en concordancia con sus instrumentos de planificación, uso y gestión de suelo deberán emitir y actualizar las ordenanzas o actos administrativos para el proceso de licenciamiento de habilitación de suelo, construcción y actividades económicas, la cual debe contemplar plazos del procedimiento administrativo para cada tipo de permiso o autorización.
Las posiciones:
El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) Álex Morán calificó el proyecto de ley de la Comisión de Gobiernos Autónomos como importante, pues dijo que en el marco de la Constitución que actualmente tenemos los GAD puedan regirse al Plan Nacional de Desarrollo.
“Así funciona un Estado. El marco constitucional actual lo indica así, pero lastimosamente hemos venido siendo espectadores de cómo GAD no se rigen a este plan. Quieren hacer planes de desarrollo a su modelo, a su estilo, muchos de sus casos, a su ideología, lo cual no permite que nos desarrollemos como país”, anotó.
Morán cree que el incremento de las multas para quienes no se acaten al Plan de Desarrollo Nacional es importante, porque de esa manera se tendrá un control para que los GAD ejecuten el Plan de Desarrollo Nacional y la Estrategia Territorial Nacional. Refiere que, si no se hace esto, se volverá a tener el mismo modus operandi de los GAD que se rigen a su conveniencia, a su ideología y no al beneficio de la ciudadanía.
Para el oficialista, es tiempo de dejar de lado las ideologías y pensar solamente en el desarrollo del país. “Estas modificaciones van a hacer que quienes no quieran hacerlo, porque no les interesa, ahora enmarcados en la Constitución tendrán que hacerlo. El diálogo siempre es bueno (...), pero siempre hemos tenido rechazo de parte de un cierto sector porque prefieren buscar o seguir defendiendo una ideología, que a mi criterio es caduca, en lugar de buscar la única ideología que necesita el pueblo ecuatoriano, que es progreso”.
El legislador de los registros de Pachakutik (PK) Manuel Choro reconoció que el proyecto tratado en la mesa tiene un objeto legítimo: mejorar la planificación territorial, fortalecer el catastro y ordenar el uso del suelo. Pero aclaró que el deber como asambleístas no es aprobar buenas intenciones, sino garantizar que las leyes sean constitucionales y técnicamente sólidas.
Dejó constancia de que desde su despacho presentó observaciones técnico-jurídicas completas, con propuestas de redacción concretas, que no han sido incorporadas en este informe.
“El texto, tal como está, afecta la autonomía de los GAD y tensiona las competencias que la Constitución reconoce como exclusivas de los municipios, especialmente en el uso y gestión del suelo. Ninguna política nacional puede sustituir estas competencias. Además, debo manifestar que se mantienen riesgos serios, no hay límites claros de los derechos urbanísticos, lo que puede fomentar la especulación. No se garantiza una planificación flexible acorde a los intereses del público y se abren las puertas a interpretaciones que podrían permitir la sustitución de competencias a otras entidades. Y esto no es menor. Esto compromete la seguridad jurídica y puede derivar en conflictos constitucionales”, anotó Choro.
La presidenta de la comisión rechazó que se diga que no ha existido socialización del proyecto. Según ella, en la construcción de este documento final intervinieron autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte, a través de la cartera de Vivienda, así como autoridades de Congope, de la AME, del Conagopare, para poder entender con Conagopare.
“Se ha salvaguardado la participación ciudadana en este proyecto de ley y también garantizando que los GAD desarrollen herramientas de participación en lo que concierne a los planes de vida. Se armonizó la normativa para todas las provincias, para todos los cantones del país, salvaguardando la participación ciudadana que tienen nuestros pueblos y nacionalidades, para luego generar herramientas locales particulares para cada una de las localidades. No nos pueden decir que el proyecto no ha sido socializado. Estuvimos en territorio, estuvieron las autoridades, ingresaron oficialmente todos sus aportes, todas sus observaciones”, aclaró la legisladora Pozo.
El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá en Machala, provincia de El Oro, este lunes 30 y martes 31 de marzo para aprobar el proyecto de ley urgente para incentivar la construcción de viviendas de interés social y el proyecto que permite al presidente de la República declarar la condición de proyectos nacionales estratégicos de construcción de vivienda en el país.
La sesión está previsto que se realice en el auditorio Mercedes Neira Quezada, ubicado en la avenida 25 de Junio, a partir de las 10:00.
El legislador ponente del proyecto, Milton Aguas (ADN), señaló que en lo sustancial el proyecto de ley otorga atribuciones al presidente de la República, quien con un informe del Ministerio de Infraestructura y Transporte pueda declarar la condición de Proyecto Nacional Estratégico de Construcción de Vivienda.
La reforma determina que cualquier proyecto de vivienda podrá ser declarado estratégico a nivel nacional, siempre que cumpla los requisitos que se definirán en el reglamento emitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de ente rector de hábitat y vivienda. (I)