La Comisión Nacional Anticorrupción que creará el Gobierno del presidente Guillermo Lasso estará compuesta por los representantes de las cinco funciones del Estado: Judicial, Electoral, Legislativa, Transparencia y Ejecutiva, así como por la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales (Congope) y la Defensoría del Pueblo, y tendrá como objetivo principal el “área preventiva”, detalló el consejero presidencial en esta área, Luis Verdesoto.

En tiempos de campaña electoral, Lasso señaló que crearía la Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción, con dos objetivos: “Seguir la ruta del dinero robado y meter presos a los corruptos”.

Sin embargo, ahora, Verdesoto señala: “Es importantísimo recuperar dinero, procesar casos, llevar a la justicia a los corruptos; pero, a mediano plazo, desde la política de Estado, lo que interesa es profundizar en la prevención”.

El consejero asegura que se garantizará independencia de esta comisión respecto al Ejecutivo, pues el presidente de la República, que representa a la Función Ejecutiva, es uno de cinco presidentes de las otras funciones del Estado, “porque mucha parte de la corrupción puede venir del Ejecutivo” y es importante que los miembros de todas las funciones puedan controlar, dialogar, intercambiar, buscar información y acordar políticas anticorrupción.

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En tanto, la participación de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a esta temática en dicha comisión será con voz, pero no con voto.

La creación de la Comisión fue anunciada por el presidente Guillermo Lasso en septiembre pasado, pero también forma parte de las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hace a Ecuador en el “Informe de integridad pública de la Función Ejecutiva”, que fue expuesto por el mandatario este viernes en la Universidad Casa Grande, de Guayaquil.

La creación de una Comisión Anticorrupción por parte del Gobierno genera expectativa en varios sectores

El Gobierno tiene previsto crear este organismo en marzo del 2022, junto con el lanzamiento de la política nacional y estrategia anticorrupción; mientras, la Comisión tendrá “reuniones preparatorias”, dijo Verdesoto.

Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), capítulo Guayas, señala que el Gobierno no ha dado la importancia que merece a la lucha contra la corrupción y cuestiona la conformación institucional de esa Comisión Anticorrupción.

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“Habría que ver, una vez que esté constituida y cómo se reglamenta su funcionamiento, para ver hasta qué punto gozaría de independencia, autonomía y capacidad de control de la corrupción”, dijo Ramírez.

El representante de la CNA, organización de la sociedad civil que investiga casos de corrupción en el país, recordó que en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno se crearon comisiones y secretarías que, estando conformadas por funcionarios del mismo régimen, “era difícil que ellos puedan controlar y sancionar”, y menos cuando los representantes de las otras funciones del Estado son afines al Gobierno de turno, como ocurrió con Correa, apunta.

Por todos estos factores, Ramírez considera que la participación de las organizaciones de la sociedad civil debe ser con voz y voto en la comisión que cree el Gobierno.

Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), sostiene que existe “incoherencia” entre lo propuesto por Guillermo Lasso en campaña y lo que se plantea ahora que está en el poder.

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Respecto a la integración de la Comisión Anticorrupción del Gobierno, Alarcón Salvador señala que “no hay que engañarle al país y hay que decir las cosas como son”, y que no se está dando el rol que le corresponde a la sociedad civil.

“Se está proponiendo la creación de una mesa más de coordinación entre las autoridades y las instituciones, con autoridades cuestionadas, con procesos políticos en la Asamblea Nacional, con autoridades cuya designación interina o encargada ha sido fuertemente cuestionada por sectores de la ciudadanía o, incluso, autoridades que ni siquiera tienen credenciales suficientes para hablar de transparencia e integridad”, dice.

Finalmente, Martha Roldós, directora de la Fundación Mil Hojas, expresa que la lucha contra la corrupción en este país la ha hecho el periodismo de investigación y la CNA; que la transparencia no solamente pasa por las declaraciones, pues no siempre se puede acceder a la información; y que, aunque el Estado se sume a la lucha contra la corrupción, el periodismo y la sociedad civil deben seguir manteniendo esos espacios.

Roldós espera poder analizar la política y la estrategia cuando estén listas y ver si es “pertinente”. Agrega que uno de los focos de corrupción está en el sistema judicial, con los jueces.

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“Vemos cómo lo judicial aún es espacio de la corrupción. Parece que hay jueces ciegos, sordos, mudos...; personas que por nada están presas, otros están libres a pesar de graves indicios en su contra. Y eso tiene que ver con el sistema judicial, lo que está pasando con los jueces. Debe haber una política preventiva”, añade Roldós.

Tanto los lineamientos de la política pública como la estrategia anticorrupción que plantea el Gobierno serán sometidos a consulta a segmentos de la población con el fin de recoger todos los planteamientos, para que, finalmente, sean documentos que cuenten con aporte de la ciudadanía y que esta los avale.

Los tres segmentos para consultas serán el socioterritorial (se segmentará el país en ocho partes y se consultará a actores específicos), la Administración pública (todos los ministerios) y la opinión pública (medios de comunicación, universidades y otros).

Lasso dará más detalles sobre el tema el próximo 9 de diciembre, que es el Día Internacional contra la Corrupción, y el 13 de diciembre, en que tiene prevista una intervención telemática en la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se desarrollará en El Cairo.

La política y la estrategia que construye el Gobierno se da con la asesoría de las Naciones Unidas, a raíz del memorándum de entendimiento que firmó la Presidencia de la República con este organismo internacional en septiembre.

Además, Naciones Unidas capacitará a 250 funcionarios de alto nivel: ministros, viceministros y subsecretarios, el 8 y 22 de enero del 2022, sobre actualización en temas anticorrupción, casos mundiales anticorrupción, integridad pública; y, a pedido de cada ministerio, se van a trabajar consultas específicas y sectoriales sobre anticorrupción. (I)