Colectivo de afectados por Chevron acude a la CIDH para denunciar ‘interferencia’ del Gobierno

El colectivo amazónico Unión de Afectados por Texaco denunció la presencia de acciones estatales para impedir que la transnacional Chevron-Texaco cubra la reparación de más de $ 9.000 millones por daños producidos en la explotación petrolera en Sucumbíos.

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Este 23 de marzo, representantes de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, acompañados de su abogado Pablo Fajardo, reclamaron que el gobierno de Guillermo Lasso estaría interviniendo a favor de la petrolera internacional para evitar que se cumpla con la reparación de $ 9.500 millones que ordenó la Corte Constitucional (CC) en el 2018, a favor de los afectados por las actividades extractivas de Texaco.

Esas acciones se llevarían a cabo a través de la Procuraduría General del Estado, que durante la administración del exprocurador Íñigo Salvador habría remitido documentos a los tribunales de Canadá y Argentina para pedir que se desestimen las demandas interpuestas por los afectados por las operaciones de Chevron-Texaco, denunció el colectivo en una declaración de prensa desarrollada este jueves.

En respuesta, decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) para solicitar que se emitan medidas cautelares para que los proteja de las “interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador”, ordene reparar los derechos vulnerados y prevenga futuras intervenciones.

Pablo Fajardo aseguró que desde que en el 2018 la Corte Constitucional ordenó una reparación de $ 9.500 millones por daños ambientales a los demandantes, que son habitantes de Lago Agrio, hasta el momento no han recibido ninguna contribución.

Este valor se fijó en el tratamiento de una acción extraordinaria de protección que interpuso la transnacional, pero que le fue negada por los entonces jueces constitucionales, quienes declararon que no existió vulneración de derechos constitucionales.

Chevron recurrió a este recurso luego que habitantes de Sucumbíos impulsaron una demanda por daño ambiental en la que tuvieron fallos a su favor. (I)