La noche del pasado 21 de marzo, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) abordó dos informes técnicos en los que se planteaba iniciar el proceso de cancelación del registro de partidos y movimientos políticos para dos organizaciones de alcance nacional: el movimiento Construye, lista 25; y el partido Unidad Popular, lista 2.
Según los documentos que se conocieron en la sesión, las agrupaciones no cumplirían con el porcentaje de afiliados o adherentes que está previsto en el Código de la Democracia y, por ello, podrían perder su personería jurídica.
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En las resoluciones preparadas por el área de Organizaciones Políticas se les notificaba del inicio del proceso de cancelación y se le daba un plazo de diez días para presentar sus descargos.
Sin embargo, no hubo votos para aprobarlos ya que solo estuvieron tres consejeros presentes en la sesión: Diana Atamaint, Elena Nájera y José Merino. De ellos, Atamaint y Merino votaron a favor y Nájera se abstuvo.
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Nájera alegó que no recibió a tiempo los informes sobre estos partidos para poder revisarlos.
En la misma sesión se conocieron los informes de la situación de las otras catorce organizaciones políticas y se propuso que estos les fueran notificados para que puedan presentar observaciones. Pero tampoco hubo los votos.
En un video colgado en sus redes sociales el 20 de marzo, Geovanny Atarihuana, director del partido Unidad Popular, señaló que el Gobierno se quedó “con los churos hechos” y no logró que el CNE iniciara el proceso de extinción legal de la agrupación.
La Unidad Popular cuestionó que el CNE quiera desconocer 175.000 de los 206.000 afiliados que tenía registrados. (I)