“En relación a aquellos servidores de justicia que han incurrido en faltas administrativas o incluso en actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura (CJ) no ha permitido que estas queden en la impunidad, habiendo inclusive destituido, denunciado y acusado a aquellas personas que han procedido de manera diametralmente distinta a la mayoría de las servidoras y los servidores judiciales. Es así que el Pleno del CJ destituyó a José T., el 4 de febrero de 2020”.

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Esa fue la respuesta que el CJ dio, mediante un comunicado, a declaraciones hechas por el presidente de la República, Lenín Moreno, en su programa De frente con el presidente”, del 3 de marzo pasado, relacionadas con la libertad de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, líder de la banda de Los Choneros asesinado en diciembre del año pasado, y a la situación del juez que modificó la pena a Zambrano, lo que posteriormente originó su prelibertad.

Moreno dijo: “Cuando pusieron en libertad al delincuente llamado Rasquiña, tanto la fiscal Diana Salazar cuanto la ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtieron. Es más, pidieron una sanción para el juez por parte del CJ, que espero el viernes, que estoy viendo la posibilidad de convocar a un Cosepe para analizar el tema de prisiones, preguntar al CJ qué pasó con esa solicitud de dos personas que manifestaron su inquietud con respecto a la liberación de Rasquiña, lo que a la final terminó en la muerte de él y que originó el problema mayor”.

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Para el CJ, las declaraciones del presidente Moreno “desinforman a la ciudadanía y vulneran el principio de independencia de la Función Judicial, por lo que son inaceptables”.

Respecto al caso del ahora exjuez José T., el CJ informó que presentó una denuncia penal por prevaricato, por lo que la autoridad competente dictó orden de prisión en su contra y la audiencia de juicio está fijada para el 10 de marzo de 2021.

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Según el pleno del Consejo de la Judicatura, se han presentado tres denuncias más por delitos cometidos por exjueces con el mismo modus operandi que José T. y desde enero de 2019 han implementado políticas y acciones administrativas para que las y los jueces puedan cumplir sus actividades en estricto apego a la Constitución y las leyes.

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“El CJ continuará cumpliendo con sus potestades y brindando las herramientas necesarias a los órganos jurisdiccionales para que, en el marco de sus competencias, sigan administrando justicia sin injerencia o presión de instituciones o ámbito alguno de la sociedad”, se manifestó en el comunicado público.

Por otra parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces emitió también un manifiesto en que rechaza otras declaraciones dichas por el presidente Moreno en ese mismo programa radial.

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Según la Asociación, la frase dicha por Moreno: “Yo creo que es el temor que tienen las personas a que nuestra justicia no funcione de manera adecuada”, se convierte en una velada amenaza a la independencia judicial consagrada en el artículo 168.1 de la Constitución. (I)