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Ciudadano pide a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el decreto ejecutivo que envió a Verónica Abad a Israel

Se pide también la inconstitucionalidad para el Decreto Ejecutivo 30 con el que el mandatario dispuso reestructurar la Vicepresidencia por austeridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), junto con la vicepresidenta Verónica Abad (i), el 23 de noviembre, cuando fueron posesionados en sus cargos. Foto: EFE

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El pasado 24 de noviembre, el presidente Daniel Noboa asignó, vía Decreto Ejecutivo 27, como única función a la vicepresidenta Verónica Abad ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento en el conflicto bélico que afecta a Israel y Palestina. Finalmente, la segunda mandataria terminó siendo designada embajadora ante Israel y desde el 10 de diciembre se encuentra en Tel Aviv.

Para el ciudadano Gabriel Santiago Pereira Gómez, la decisión de Noboa sería inconstitucional y presentó, el 20 de diciembre, una acción pública de inconstitucionalidad que ya fue admitida con el número de caso 110-23-IN. Esta es hasta ahora la única demanda que se ha presentado contra este decreto.

“Por sus propios derechos, a través de la cual solicita se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo n.º 27, de 24 de noviembre de 2023, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial n.º 458, de 15 de diciembre de 2023, y el Decreto Ejecutivo n.º 30, de 24 de noviembre de 2023, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial n.º 460, de 19 de diciembre de 2023″, refiere la Secretaría de la CC.

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El juez Enrique Herrería Bonnet es el ponente de este caso, según el sorteo. Por ahora, este pedido presentado por Pereira está siguiendo su trámite en la CC.

En tanto, en el Decreto 27 Noboa asignó como única función a la vicepresidenta Verónica Abad ser colaboradora para la paz. Mientras que en el Decreto 30 dispuso que se realice la reestructuración institucional de la Vicepresidencia de la República al amparo de las normas de austeridad del gasto público.

Noboa fundamentó su pedido a estas carteras de Estado con el artículo 243 del Código Orgánico Administrativo, en el que figura que es potestad del presidente reestructurar los procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos en el ámbito de la administración pública central.

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Días atrás, el Ministerio del Trabajo emitió también un acuerdo ministerial al amparo de las normas de austeridad del gasto público. El acuerdo ministerial tuvo como fin reformar el acuerdo ministerial n.º mrl-2014-0171, del 12 de septiembre de 2014, con el que se establecieron las escalas remunerativas para el personal diplomático y personal auxiliar del servicio exterior.

Asimismo, que, para el cumplimiento de las funciones como embajador, el vicepresidente de la República podrá incorporar a su equipo de trabajo hasta tres servidores que serán nombrados desde la Cancillería como funcionarios de designación política con los beneficios sociales del servicio exterior. Dichos gastos serán cubiertos con el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estos servidores se sumarán a los cuatro que laboran en la sede diplomática

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Otro decreto que involucra a Abad es el 90, que se emitió hace pocos días para reformar el Decreto 75 del 15 de junio de 2021, emitido en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Con los cambios se limitó seguridad de la Casa Militar Presidencial para vicepresidentes solo cuando presten funciones en Ecuador.

Días antes de su viaje a Israel, la vicepresidenta denunció en una rueda de prensa una serie de hechos que —asegura— vivió desde la campaña electoral y en sus primeros días en funciones, que implicaban no haber sido invitada a eventos oficiales y ser objeto de calumnias y de una campaña de supuesta desacreditación de su imagen, y aseguró que la decisión de Noboa de enviarla a Tel Aviv era porque “la quiere lejos”. (I)

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