El pleno de la Asamblea Nacional decidió remitir a cinco comisiones especializadas permanentes los informes de labores presentados por ocho instituciones del Estado.
La resolución se adoptó con 87 votos a favor, 59 en contra y una abstención en la sesión n.º 063 de este martes, 20 de enero de 2026.
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La moción fue presentada por el asambleísta de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, y dispone que el informe de labores de la Función de Transparencia y Control Social se analice en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por la legisladora Lucía Pozo.
Asimismo, el informe del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presentado por su presidenta, Ivonne Coloma, al igual que el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentado por Diana Atamaint, se revisarán en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, liderada por Diana Jácome.
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La moción aprobada también plantea que el informe de labores de la Contraloría General del Estado, presentado por el contralor Mauricio Torres, pase a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que tiene como presidenta a Nathaly Farinango.
En tanto, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por Lucía Jaramillo, será la encargada de verificar el informe presentado por los titulares de la Procuraduría General del Estado, Juan Carlos Larrea, y de la Defensoría Pública, Ricardo Morales.
El informe de labores de la Fiscalía General del Estado, a cargo del fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, pasará a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que es presidida por Inés Alarcón.
Mientras que el informe de gestión del Consejo de la Judicatura (CJ), presentado ante el pleno por su presidente, Mario Godoy, será revisado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, liderada por Rosa Torres.
Las cinco mesas parlamentarias que conocerán estos informes de labores son presididas por asambleístas de la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN).
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones tienen un plazo de treinta días para analizar los informes presentados. La norma precisa que, una vez que conozca el informe de la mesa, en un solo debate, el pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por los funcionarios.
En la sesión de este 20 de enero estaba previsto que el pleno conozca el pedido del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova Ochoa para levantar la inmunidad parlamentaria al asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada Revolución Ciudadana (RC), por una querella planteada en su contra por la legisladora Janina Rizzo Alvear, perteneciente a la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN).
Sin embargo, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, suspendió la sesión y no se trató este punto. (I)