La crisis en la Función Judicial fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública que se desarrolló el 9 de marzo de 2026. En la diligencia, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (Aemaj) evidenciaron el caso del exjuez anticorrupción Carlos Serrano.
Las organizaciones ecuatorianas comparecieron ante el organismo internacional de derechos humanos para alertar sobre la inseguridad derivada del crimen organizado que impacta el trabajo de jueces y operadores de justicia.
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En este sentido, ODJ informó que se expuso el caso del juez Carlos Serrano, quien denunció haber recibido presiones del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha Henry Gaibor, amigo del expresidente de este organismo Mario Godoy, para fallar en un caso en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a diez años por lavado de activos.
A la vez, precisó el observatorio, se expusieron los impedimentos alertados por Alexandra Villacís, exvocal suplente de Mario Godoy, quien no pudo presidir la Judicatura por un impedimento que registró en el Ministerio del Trabajo, por una deuda en el Servicio de Rentas Internas (SRI) que ya fue subsanada.
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Por su parte, en la audiencia pública, la Asociación de Magistrados denunció precarización de las condiciones laborales de los operadores de justicia y la ausencia de medidas para proteger a operadores y unidades judiciales de las amenazas del crimen organizado.
La organización de jueces también alertó sobre el uso discrecional y arbitrario de los mecanismos de sanción administrativa desde el Consejo de la Judicatura (CJ).
Con estos argumentos, el Observatorio de Derechos y Justicia y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador solicitaron a la CIDH que realice un monitoreo del deterioro de la independencia judicial en Ecuador, e “instó al Estado a cesar los actos de estigmatización contra jueces, reformar de manera consistente con el debido proceso los mecanismos de sanción disciplinaria contra jueces y operadores, y se fortalezca la infraestructura recursos destinados a la Función Judicial”. (I)