El juez ponente Jorge Sánchez Pico, integrante del Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen organizado, reinstaló a las 08:35 de este domingo, 22 de marzo del 2026, la audiencia de juicio del caso Triple A.
Para esta audiencia, Ramiro García y Fernando Chávez, abogados de los procesados Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y César Bravo, respectivamente, se trasladaron a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, como lo dispuso el juez ponente un día antes.
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Esta decisión fue una respuesta a sus pedidos de poder tener contacto con sus clientes para definir acciones legales.
El juicio penal en el caso Triple A es en contra de 16 personas naturales y 6 jurídicas por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
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Tras la instalación de la audiencia los abogados Chávez y García, pidieron la palabra al juez y en sus intervenciones reclamaron igualdad de condiciones para la defensa de sus clientes. Chávez dijo que no se va a ejercer la defensa técnica mientras no se superen las dificultades que encontraron en la Cárcel del Encuentro, como acceso a internet y mantener con ellos su dispositivo de celular para poder comunicarse con el grupo de abogados durante la audiencia. También reclamó por las condiciones climáticas en que se encuentran en Santa Elena.
García indicó que la sala asignada en la Cárcel del Encuentro no existen facilidades como la existencia de una red de wifi para poder acceder a los 324 cuerpos del proceso, por lo tanto, dijo que no hay igualdad de condiciones. Además, señaló que el audio no es bueno para poder escuchar a los testigos dentro de la audiencia. Agregó que sin acceso a laptop no se puede acceder al expediente.
El juez ponente, Jorge Sánchez, otorgó la palabra a los abogados y al equipo de la fiscalía para conocer su criterio y tener los argumentos suficientes para que el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen organizado integrado a más del juez Sánchez, por Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, delibere ante las peticiones expuestas.
La fiscal Ruth Amoroso, pidió al tribunal que no de paso a nuevos intentos de dilación de la audiencia. Que desde julio de 2025 la defensa de los acusados pudo revisar los expedientes e inclusive sacar las copias respectivas, y afirmó que con un celular no se ejerce la defensa de manera técnica.
Amoroso sostuvo que es una falta de respeto el pretender nuevamente que se suspenda la audiencia, y que no cabe el argumento de igualdad de condiciones materiales para argumentar la dilación.
La mayoría de abogados tanto acusadores como los que defienden a los involucrados en este juicio penal señalaron que el tribunal debe evitar futuras nulidades del proceso por la falta de garantías de la defensa de los acusados.
Algunos abogados como Marcela Estrella pidió al tribunal que se analice la posibilidad de que se garantice la presencia de los procesados en la sala, y con eso evitar escenarios de nulidades.
Ernesto Pazmiño dijo al tribunal que las personas que están en situación de cárcel son las más interesadas de que el proceso continúe, pero que deben prevalecer los derechos de los procesados y en las circunstancias en que se encuentran en la Cárcel del Encuentro no hay igualdad de derechos a la defensa.
Christian Puente solicitó al tribunal que no se de paso a la suspensión de la audiencia, y sostuvo que el tribunal el sábado dispuso que los abogados comparezcan desde la Cárcel del Encuentro, y sino previeron sobre los materiales que tenían que contar, no puede convertirse en argumento para paralizar el juicio, pues “estamos frente a una falta de diligencia”, anotó.
El juez ponente pidió a la sala el tiempo suficiente para deliberar y resolver los pedidos expuestos en este tercer intento de instalación de la audiencia. A las 09:23, se retiró de la sala y junto al tribunal tomar una resolución. (I)