Caso Triple A: Aquiles Alvarez se queda sin un abogado, tras renuncia; este lunes, la Fiscalía continuará evacuando su prueba testimonial en audiencia

A días de que se reinstale la audiencia de juzgamiento en la Unidad Anticorrupción, en Quito, dentro del caso Triple A, el abogado Patricio Hidalgo López da a conocer su renuncia al patrocinio y defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los veintidós procesados por el delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.Hidalgo, el 25 de marzo pasado, puso en conocimiento del tribunal de juzgamiento de la causa, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona, su decisión de renunciar a la defensa técnica que venía ejerciendo a favor de Alvarez. Fundamentó su decisión en el artículo 331, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de los derechos de los abogados en el patrocinio de las causas.Esta norma indica que son derechos del abogado que patrocina en una causa: numeral 3, “renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia”.En el numeral segundo del escrito presentado, el abogado Hidalgo explica que esta decisión “obedece a que, con posterioridad a la aceptación del patrocinio profesional”, han llegado a su conocimiento “hechos de carácter público relacionados con la presente causa, los cuales no (le) fueron informados oportunamente al momento de asumir la defensa”.Ante ello y en consideración a los principios que rigen el ejercicio de la abogacía, particularmente los vinculados con la probidad, lealtad procesal y ética profesional, el abogado estimó pertinente apartarse del patrocinio, preservando la correcta práctica del ejercicio profesional y evitando cualquier situación que pueda comprometer dichos principios. “En virtud de lo expuesto, solicito se sirva tener por presentada mi renuncia al patrocinio y defensa técnica del señor Aquiles Alvarez dentro de la presente causa”, expresó.El abogado en libre ejercicio creyó importante dejar expresa constancia de que la presente decisión no genera estado de indefensión en el procesado Aquiles Alvarez, en razón de que su abogado principal es Ramiro García, quien —dice— continúa ejerciendo la defensa técnica dentro del proceso. De esta manera, apunta Hidalgo, se garantizaría la debida continuidad en su representación legal; es decir, la transición derivada de esta renuncia no afecta el normal desarrollo de la causa ni el ejercicio de sus derechos dentro del proceso. La renuncia es conocida una vez se instaló la etapa de juzgamiento en el caso Triple A , proceso penal en el que se investiga a dieciséis personas naturales, entre las que está Alvarez, y seis jurídicas (empresas) por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.Este lunes, 30 de marzo, la fiscal de la causa, Ruth Amoroso, continuará tomando el testimonio de Germán Guayamave, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), instancia que actúa como acusación particular en la causa.La fiscal Amoroso señaló que en el desarrollo de la audiencia de juicio demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados. La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel). En el reporte se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina. Los informes periciales realizados habrían determinado que las capacidades reales del almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardaban relación con los volúmenes de combustible adquiridos a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías. Asimismo, desde la Fiscalía se anotó que se detectaron inconsistencias en la venta de combustibles por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y en sectores con presencia de minería ilegal. En algunos casos, se habría registrado la venta de diésel y gasolina a un mismo vehículo en volúmenes incompatibles con su capacidad operativa.Dentro de este escenario, la Fiscalía asegura que, desde el 2020 hasta el 2024, los procesados se habrían articulado a partir de sus empresas, tanto comercializadoras como distribuidoras, por ejemplo, empresas comercializadoras y una empresa operadora de propiedad del procesado Aquiles Alvarez (Codepesa, Corpalubri y Ternape), luego de obtener las autorizaciones y permisos de manera arbitraria, habrían vendido combustibles a los tres segmentos de comercialización, a empresas ubicadas en zonas fronterizas y mar territorial. Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía ofreció probar, entre otros hechos, que el procesado Aquiles Alvarez fue representante legal con el cargo de presidente y accionista mayoritario de las empresas investigadas Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel; que las dos primeras son comercializadoras de combustibles del segmento automotor industrial, respectivamente, mientras que la tercera es una operadora del segmento naviero nacional y naviero internacional.Además, que las autorizaciones obtenidas por las tres empresas para su operatividad habrían sido otorgadas de manera irregular. También, que luego de obtener las autorizaciones de manera irregular, el procesado Aquiles Alvarez firmó contratos como representante legal de Copedesa con los representantes legales de estaciones de servicio fronterizas en Zamora, Loja y El Oro.Formalmente, el caso Triple A existe desde el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas. El 14 de diciembre de 2024 se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cinco personas y cinco empresas, y el 16 de diciembre siguiente se ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando Viteri, José Cevallos, Lady Cedeño, Jessenia Vélez y Carolina Troya y contra las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.Ya casi al final de los tres meses dispuestos para la etapa de instrucción fiscal y luego de obtener información de la supuesta participación de otras personas en hechos investigados en Triple A, la Fiscalía, el 21 de febrero de 2025, pidió inicialmente que se vincule a Aquiles Alvarez y nueve personas más, pero luego se anexó a otra persona natural y otra persona jurídica. En total, once personas y una empresa fueron vinculadas: Aquiles Alvarez; los empresarios relacionados con la comercialización de combustibles Raúl Arnoldo Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Fausto Vinicio Vaca y Édgar Moisés Flores; la ingeniera comercial Rosa Marbella Ortiz y Édgar Edmundo Campoverde; los contadores Juan Carlos Arias, Gloria María Salazar, María Elisa Criollo y Olga Cecilia Ortega. También quedó vinculada como persona jurídica la empresa Harsajudi S. A.El pedido de vinculación fue hecho el mismo día que la Fiscalía realizó de forma simultánea varios allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).El primer testigo llamado por la Fiscalía, Germán Huayamave, señaló que conocía a César Bravo, uno de los procesados en calidad de funcionario y director de la dirección distrital 2016-2017, así como a José Franco Magallanes, como director y asesor de la dirección de la ARCH en el 2017; y a José Cevallos, también como funcionario de la distrital en Guayas.En esta primera etapa las preguntas y el testimonio se centraron en un informe elaborado por Huayamave, realizado sobre comercialización de combustibles.El testimonio de Huayamave no concluyó el pasado domingo, 22 de marzo, a pesar de que hubo preguntas de las defensas de los procesados y de los acusadores participantes. La audiencia fue suspendida a las 17:05 de ese domingo y se dispuso su reinstalación este lunes, 30 de marzo, a partir de las 08:30.Durante esta última jornada de audiencia, por disposición del juez ponente de Triple A los procesados Aquiles Alvarez y César Bravo, quienes permanecen en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, asistieron a la diligencia vía telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad, en Santa Elena. Temas de conectividad desde la Cárcel del Encuentro generaron el traslado de los detenidos y sus defensas. La fiscal Ruth Amoroso adelantó al tribunal de juicio que el orden de los testigos para la audiencia de este 30 de marzo no se altera, pero anotó que el primero en comparecer en la reinstalación será Germán Huayamave, porque su testimonio aún no ha terminado.A más de Huayamave, la Fiscalía anunció que dentro de la lista inicial de veinticinco testigos por evacuar están Emmanuel Salazar, Alexis Ushiña, Édinzon Sánchez, Medardo Silvia, Mario Salas, Washington López, Gabriela Infante, Carlos Flores, Martha Toledo, Gustavo Falconí, Jorge Alvarez, Guillermo Vinuesa, Liseth Delgado, Sonia Narváez, Marcos Cevallos, Joffre Orellana, José García, Gustavo Cruz, David Cabrera, Andrés Toledo, Carlos Jaramillo, Víctor Granados, Diana Ontaneda y Alina Morejón. (I)

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