El próximo 20 de junio se retomaría la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el llamado caso Triple A, que sigue la Fiscalía General del Estado en contra de 22 personas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
Pasadas las 18:00 de este sábado, 14 de junio, Renán Andrade, juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, suspendió la diligencia, que se extendió por casi diez horas para escuchar el dictamen acusatorio de la Fiscalía, como titular de la acción penal.
El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Leonardo Alarcón enumeró una serie de elementos de convicción que vincularían a 16 personas naturales y seis jurídicas (empresas) en el cometimiento del delito de almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustibles, tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Entre los sujetos procesales sobre los que se refirió están Javier Fernando V. H., Ricardo José C. A., Carolina del Rocío T. C., Monserrat V. O., Lady Juliana C. T., José F. M., José F. M. y Raúl Arnoldo Z. A., además del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, quien acudió presencialmente a la audiencia que se evacúa en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El juez Andrade suspendió la audiencia hasta el próximo 20 de junio, aunque previamente tres abogados defensores pidieron que se la difiriera para pasar con sus familiares este domingo, 15 de junio, en el que se celebra el Día del Padre.
El alcalde guayaquileño, Aquiles Alvarez, se opuso al pedido, pues expresó su aspiración a que no se dilate más el proceso y con él coincidió el fiscal Alarcón.
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Finalmente, el juez escuchó los elementos de convicción sobre un sujeto procesal más y suspendió la audiencia.
Esta causa arrancó el 16 de diciembre de 2024 con la instrucción fiscal en el caso Triple A en contra de Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A.
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En abril pasado se vinculó a Alvarez, a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. en este caso, en el que la Fiscalía sostiene que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible entre las que se comercializaron —aparentemente de forma irregular— grandes cantidades de hidrocarburos.
El COIP, en su artículo 264, sanciona de dos a seis meses y desde tres hasta cinco años con pena de prisión a quien almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya ilegalmente productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles sin autorización o, en su caso, lo desvíe a un segmento distinto. (I)
