Para las 00:17 del lunes 4 de marzo pasado, cuando la Fiscalía General del Estado ya tenía las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a trece personas con la finalidad de que asistan a una audiencia de formulación de cargos en lo que más adelante se bautizaría como el caso Purga, una de las personas que estaban en la lista para ser aprehendidas era Mercedes Leonor V. V., exdirectora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas.

Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera devuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada.

Tres hechos puntuales hacen que esté Mercedes V. en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo M. y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola G. y al juez penal del Guayas Johann M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales.

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Mayra S., comunicadora detenida por caso Metástasis, dejó de cobrar salario en el sistema judicial

El nombre de Mercedes V. aparece en el cuarto casillero de un informe policial de personas que eran de interés dentro del caso. A ella no se le formularon cargos por delincuencia organizada en el caso Purga, pero la fiscal general, Diana Salazar, habló mucho sobre ella dentro de la formulación de cargos contra los doce detenidos.

Apoyo a la campaña para presidente de la Corte del Guayas

Según la Fiscalía, Mercedes V. desde su cargo en el CJ del Guayas habría, por recomendación del exlegislador Pablo M., apuntalado la campaña de Hugo Manuel González, quien buscaba llegar a la presidencia de la Corte del Guayas en reemplazo de Fabiola G. Aparentemente Mercedes V. y su cercano Saúl M., secretario judicial también procesado en el caso Purga, ayudaron con recursos de la Judicatura a cumplir temas que eran parte de la campaña de González, quien renunció al cargo el viernes último.

González asumió el cargo en enero pasado en reemplazo de Fabiola G., quien al momento es procesada penalmente dentro del caso Purga.

Sobre este tema, del expediente del caso Purga es parte una nota de voz enviada a inicios de diciembre de 2023 por Pablo M. al celular de Mayra S., comunicadora que respondía a Fabiola G. y que actualmente es procesada en el caso Metástasis. El mensaje de voz llega luego de un oficio en el que Hugo González como juez le pide a Wilman Terán, entonces presidente del CJ y hoy también uno de los 39 detenidos en Metástasis, que apruebe una solicitud de marcación electrónica.

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Casi al mediodía del 4 de diciembre de 2023 el usuario Pablito, que a decir de Fiscalía le correspondería a Pablo M., en un mensaje de voz se refiere al documento de González y le dice a Mayra S.: “No había visto esto muy importante. Esto tiene que ir dirigido nada más a Meche. No lo hagamos tan grande o la Ley dice que el director, el presidente es el que tiene que hacerlo. Yo pienso que la directora puede hacerlo inmediatamente”.

Un día después, el 5 de diciembre, el procesado Saúl M. se comunica con Mayra S. para decirle: “El ‘amigo′ había hablado con la ‘Directora’ para que le apruebe el tema de marcación electrónica para los funcionarios de la Corte Provincial por el tema de seguridad personal, lo cual sería utilizado para la campaña presidencial de ‘Hugo’ y la grabación de un video promocional”. Según la investigación, en el contexto de los diálogos “Amigo” se le diría al exlegislador Pablo M.

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“La visión delictiva del grupo criminal proyectaba mantenerse en el tiempo buscando el control de la siguiente administración de la Corte Provincial de Guayas. Para el efecto, entonces, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola G. y que obviamente responda a los intereses del líder de esta estructura, siendo elegido entonces Hugo Manuel González Alarcón, a quien, gracias a la gestión de Pablo Muentes por medio de los ya nombrados Mercedes V. y Saúl M., gestionaron la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial de Guayas, como una oferta de campaña del referido candidato”, explicó Salazar al juez De la Cadena.

El archivo de sumarios administrativos

Otro hecho en el que se la relaciona a Mercedes V. es el que tiene que ver con el archivo de sumarios administrativos que mantenía Fabiola G. En la teoría manejada por la Fiscalía, el poder político, representado a través de Pablo M., procuraba mantener a los miembros de la estructura “inmunes a sanciones administrativas”, para así garantizar el control de la Función Judicial en Guayas.

“Así, se preocupaba, por ejemplo, como un buen padre, como un buen líder de la estructura criminal, por supuesto, de que los sumarios administrativos iniciados en contra de Fabiola G. no afectaran el desempeño de sus funciones. Para lo cual contaba con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, Mercedes V., y de su asesor y mano derecha, Saúl M.”, sostuvo Salazar.

Sobre ese tema, el actual presidente de la Judicatura, Álvaro Román, reconoció que Mercedes V., una abogada de 55 años de edad, fue removida de su cargo luego que se hizo un informe en el que se evidenció que la funcionaria había archivado sumarios con declaración jurisdiccional previa, es decir, eran procesos que iban a la destitución del funcionario. Al menos dos de cuatro sumarios administrativos habrían sido archivados por la directora del CJ, Mercedes V.

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Se cree que la exfuncionaria de control disciplinario benefició con estos archivos a una decena de jueces en la provincia del Guayas.

Movimiento administrativo de jueces

En un tercer hecho aparentemente ilegal también habría participado Mercedes V., a decir de Salazar. La situación tendría que ver con el movimiento administrativo de jueces que no eran parte de la estructura delictiva o al menos no apoyaban los objetivos judiciales que mantenían los líderes de la misma.

Uno de esos ejemplos habría sido el traslado del juez Ulises Manuel Torres a otra sala de la Corte Provincial de Guayas, por pedido de Pablo M. Este juez no habría querido fallar en un trámite relacionado al caso Banco del Pacífico, por lo que Pablo M. les solicitó a Fabiola G. y a Mercedes V. que por medio de un traslado administrativo se lo cambie a Torres.

Los cambios a conveniencia no habrían quedado ahí, pues en lugar del juez que fue trasladado llegó el juez Alberto L. y así constaría en la acción de personal 041-26 de P-09-2023-10-L. “Alberto L. fue designado, movido a esa sala únicamente para ratificar eso (fallo en el caso Banco del Pacífico)”, concluyó Salazar.

Caso Purga: el exasambleísta Pablo M. y Mayra S. trabajaron intensamente para ubicar al presidente de la Corte del Guayas

Mercedes V. fue parte de esos directores provinciales nombrados en la administración del presidente del CJ Wilman Terán, en la que hacía mayoría con los entonces vocales de la Judicatura Xavier Muñoz y Maribel Barreno, ambos procesados en un caso penal por obstrucción de la justicia y solo Barreno por tráfico de influencias. Casi diez meses después, la funcionaria judicial fue separada de su cargo por Román, quien reemplazó a Terán al haber sido detenido en el caso Metástasis, y la nueva mayoría integrada por los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui.

Antes de llegar al Consejo de la Judicatura, Mercedes V. ocupó cargos públicos, desde 2016, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Consejo Nacional Electoral (CNE), Ministerio de Salud, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la Corporación Eléctrica Nacional Empresa Pública (Cenel-EP). (I)