Para la Fiscalía, los cinco ‘eventos’ que son parte del caso Purga se enmarcan dentro los hechos “dramáticos, escandalosos y absurdos” ocurridos entre los años 2022 y 2023, los cuales revelarían la contaminación del sistema de justicia en la provincia del Guayas desde las más altas esferas de la política legislativa, la cual puso a sus funcionarios judiciales a su servicio y a los del narcotráfico.
A las 9:00 de este miércoles, 8 de enero, se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Purga. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, continuó con la exposición de los elementos de convicción con que cuenta para acusar a los 23 procesados de tener algún grado de responsabilidad en la estructura criminal investigada bajo el delito de delincuencia organizada.
Además de la acusación en calidad de líderes de la agrupación que hizo contra cuatro de los sospechosos y el dictamen como cómplices para los restantes diecinueve, Toainga empezó la exposición de los elementos de convicción comunes que mantiene para acusar a los 23 procesados. Al final de la tarde, el fiscal arrancó con la presentación de los elementos de convicción particulares que tenían que ver con el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes, uno de los ubicados como líderes de la organización analizada.
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En este quinto día de audiencia, Wilson Toainga retomó la exposición de los elementos de convicción que tienen que ver directamente con la participación en Purga del exlegislador Muentes.
La mañana del martes último, una vez el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena resolvió declarar la validez procesal de todo lo actuado en la fase de instrucción fiscal, el fiscal general subrogante inició el relato de los hechos atribuidos al delito que se procesa, recordando que en las elecciones del 7 de febrero de 2021 Pablo Muentes fue elegido como asambleísta por la provincia del Guayas.
“Casi un año después de su posesión, la Corte Provincial de Justicia del Guayas iniciaba el proceso de elección de su máxima autoridad, siendo designada en el año 2022 la jueza María Fabiola Gallardo Ramia. Esto se dio gracias al trabajo y despliegue comunicacional realizado por Mayra Salazar, quien había sido destinada a la realización de la campaña para la elección de Fabiola Gallardo”, anotó Toainga.
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Según el fiscal que subroga a Diana Salazar, para ese momento Muentes, legislador del PSC, ya habría tenido una relación cercana con dos jueces provinciales: Gallardo, jueza y presidenta de la Corte del Guayas, y Johann Marfetán, quien era juez de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas.
Como consecuencia de ese nexo, dijo Toianga, Mayra Salazar habría sido contratada por Mercedes Villarreal, identificada como mano derecha de Muentes y en esas fechas directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Esta contratación se habría dado a pedido de Fabiola Gallardo, con el fin de que la comunicadora fuera su relacionista pública para la gestión de la presidencia de dicha corte provincial.
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“Así, los honorarios por los servicios profesionales de Mayra Salazar serían pactados en un inicio en el domicilio de Pablo Muentes, quien se encargó de dichos pagos por la suma de $ 2.500 mensuales y entregados en efectivo. Es decir, un asambleísta financiaba la operatividad de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas asumiendo gastos particulares que no le correspondían por sus funciones en el Poder Legislativo”, cuestionaba el fiscal general subrogante.
Sin embargo, sostuvo Wilson Toainga, lejos del rol convencional que tendría una publicista, la contratación de Mayra Salazar estaba destinada a “instrumentalizar una dinámica criminal” cuyos fines, aclaró el titular de la Fiscalía, giraban en torno al control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos como en la generación de impunidad por los intereses ilegales de Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Johann Marfetán, Mercedes Villarreal y terceros.
Mayra Salazar es una de las 32 personas que han recibido una sentencia de culpabilidad por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. La excomunicadora de la Corte del Guayas se acogió al procedimiento abreviado y a la figura de cooperación eficaz, mediante las cuales obtuvo una pena reducida de solo 15 meses de cárcel. Actualmente le restaría por cumplir algo más de cuatro meses en prisión para completar su condena, pero ha solicitado el beneficio penitenciario de régimen semiabierto; es decir, una vez ha cumplido como mínimo el 60 % de la sentencia, la persona privada de la libertad podrá salir de la cárcel para cumplir el resto de la pena con ciertas medidas alternativas.
En el dictamen acusatorio de Fiscalía se afirmaba que se tenía claramente ubicado a un grupo estructurado por cuatro personas que ejercían el mando: Pablo Muentes, en la dirección; mientras que Mercedes Villarreal, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, en la planificación para la comisión de delitos graves.
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Las finalidades perseguidas por la agrupación criminal establecida, sostuvo el fiscal Toainga, eran de diversa índole y se alcanzaban por medio de la manipulación de la administración de justicia e incluso utilizando para ello troll centers en defensa de las críticas que levantaban las decisiones judiciales direccionadas a su favor. Aparentemente, así se trataba de manipular la opinión pública y amedrentar a las personas afectadas por dichas decisiones.
Finalmente, se le explicó al juez De la Cadena que, como era común en todo “grupo delictual”, la cúpula —en el caso Purga, Muentes, Villarreal, Gallardo y Marfetán— necesita de varios colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. En esa línea se hicieron presentes distintas intervenciones de algunos funcionarios judiciales en diversas causas identificadas para el efecto del presente proceso como eventos. En total 19 personas recibieron un dictamen acusatorio en calidad de cómplices.
El fiscal general subrogante aclaró a la sala que los hechos que explicará en este caso tienen relación con cinco situaciones que las definió como eventos: evento Banco del Pacífico, evento Tierras, evento Cuerpo de Ingenieros, evento Acciones Administrativas y evento GDO (grupos de delincuencia organizada). (I)