Con trece días de audiencia de juzgamiento, no continuos, y sin una fecha tentativa para su reinstalación es como cerró en el 2025 el proceso penal en el que se analizan supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 y por lo que se procesa penalmente al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley; al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y al israelí Sheinman Oren.
La decimotercera jornada del juicio por el delito de delincuencia organizada se dio el 21 de noviembre pasado, aunque la etapa de juzgamiento en este caso se instaló el 11 de abril pasado, tras más de diez diferimientos. Luego de varios meses de estar suspendida, esta diligencia se retomó el 23 de julio último y luego de una nueva suspensión se retomó el 17 de noviembre último.
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En todos estos días la fiscal a cargo de la causa, Lidia Sarabia, ha realizado la presentación de la prueba pericial y testimonial con la que cuenta para fundamentar la acusación que mantiene contra los cuatro involucrados con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19.
Según Sarabia, los cuatro procesados son acusados de, entre marzo y octubre de 2020, haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.
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El Tribunal Penal de Juicio de Pichincha del caso Pruebas Covid-19 está integrado por los jueces Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello. La audiencia se realizó en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Hasta allí han llegado de forma presencial la fiscal Sarabia y los procesados Berrones y Oren Sheinman con sus abogados. De los acusados, únicamente los Bucaram padre e hijo han asistido a la diligencia usando la vía telemática, pues temas de salud hacen que ambos se mantengan en Guayaquil.
En octubre de 2021 el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, el israelí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Geovanny Freire, y para diciembre de ese mismo año Abdalá y Jacobo Bucaram. Marengo no ha sido convocada a la etapa de juzgamiento, debido a que se mantiene como prófuga de la justicia, pese a que fue detenida el 10 de marzo de 2022 en Lima, Perú, por agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de ese país.
Dos exagentes que también han sido procesados aceptaron los hechos y mediante un procedimiento abreviado ya fueron condenados a cinco años de prisión.
Cuatro circunstancias agravantes podrían originar el incremento en un tercio de la eventual pena de cárcel que podría definirse para los cuatro investigados por supuestamente formar parte de una estructura delictiva que lucró de una comercialización ilegal de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos, usando bienes y funcionarios públicos de la AMT, todo ocurrido durante la pandemia vivida que enfrentó Ecuador.
Lidia Sarabia aseguró en su “alegato de apertura” que en esta audiencia probará que existió un grupo organizado de más de dos personas quienes de forma reiterada y concertada, es decir, no de manera fortuita, sino más bien de una manera planeada, planificada y estructurada han cometido delitos de más de cinco años, incluso con roles definidos.
Adelantó que en este caso probará la existencia de al menos cuatro agravantes definidas en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la Fiscalía, para cometer las irregularidades investigadas habrían existido reuniones, concertaciones y relación telefónica; que la comisión de delitos se dio con el fin de obtener beneficios de orden material o económico, aprovechando el estado de excepción, adecuando su conducta al delito tipificado en el 369 del COIP.
Luego de la suspensión el Tribunal no ha notificado sobre la fecha en la que continuará la diligencia y solo anunció que sujetos procesales serán informados oportunamente. La cercanía del final del 2025 hace pensar a las defensas que el caso se tomaría ya en los primeros meses del 2026. (I)