Caso por delincuencia organizada en el que son procesados el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo tiene nueva jueza

Tras la recusación contra la jueza penal de Pichincha María Elena Lara, será la también jueza de Pichincha Verónica Medina quien asuma el proceso penal por el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., y los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren.

La jueza Medina deberá encargarse de dirigir la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los siete procesados. El sábado último debía instalarse esta diligencia, pero debido a la recusación planteada, por tercera ocasión consecutiva se difirió la audiencia.

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La recusación contra la jueza Lara llegó de parte de las defensas del exmandatario Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo, quienes alegaron la causal establecida en el artículo 572, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal, que dice que entre las causas de excusa y recusación de los juzgadores está el “fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”.

La jueza Lara ante la demanda explicó que al encontrarse inmersa dentro de una de las causas establecidas por las que se suspende su competencia y al haber sido citada legalmente, se aparta de seguir conociendo el caso. Dispuso que una vez ejecutoriado el presente auto se proceda a remitir el proceso a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal Norte, en Quito, para que otro de los jueces penales continúe con la sustanciación de la causa por delincuencia organizada.

Bajo el delito de delincuencia organizada, la Fiscalía investiga la existencia de un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020. Una de las actividades ilícitas cometidas por los integrantes de esta estructura habría sido la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador en 2020.

Una vez que la nueva jueza avocó conocimiento de esta causa se informó de que el también exagente de la AMT procesado en este caso Cléver A., a través de su abogado defensor, interpuso el recurso de ampliación a la sentencia definida contra él en abril pasado.

El 15 de abril último, pese a que la jueza Lara convocó a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, únicamente ella instaló la audiencia para conocer los pedidos de procedimiento abreviado solicitados por los también exagentes de la AMT Samuel S. y Cléver A.

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En esa audiencia los dos exagentes fueron sentenciados a cinco años de cárcel, luego de que consintieron expresamente tanto la aplicación del procedimiento abreviado como la admisión del hecho que se les atribuye. Además se les ordenó el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados ($ 6.000). La Fiscalía también solicitó se aclare la sentencia definida para los dos exagentes.

La jueza notificó a la contraparte por el término de 48 horas con los pedidos de ampliación y aclaración solicitados para que se pronuncien sobre los estos. (I)