Funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral revisarán su Código de Ética tras conversaciones del caso Liga2

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) socializará con el personal sus normas internas para el manejo de la información y el buen comportamiento, a propósito del caso Liga2. Este martes, 29 de abril de 2025, se conoció en el pleno del TCE un informe jurídico en el que se detallaban las acciones internas que se podrían tomar frente a los jueces y funcionarios electorales que han sido mencionados en las conversaciones extraídas de los teléfonos celulares del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga y que son parte del expediente de la Fiscalía General en la investigación de un delito de asociación ilícita. En la plenaria de carácter administrativo se indicó que el TCE no tiene facultades para iniciar investigaciones a los funcionarios por conversaciones de terceros y porque tampoco pueden iniciar acciones de oficio. Se precisó que cualquier tipo de acción es facultad de la Fiscalía, tomando en cuenta que el caso está en investigación.El pleno resolvió, con base en dicho informe interno, que se socialice a los funcionarios el Código de Ética y la normativa interna respecto de las medidas de seguridad para el tratamiento de la información sensible. Adicionalmente se pidió al juez Fernando Muñoz que firme el acuerdo de confidencialidad de la información, ya que es el único de los servidores que no ha cumplido con esta disposición. La discusión entre los magistrados se dio a raíz de la investigación en el denominado caso Liga2, que lleva adelante la Fiscalía General por el presunto delito de asociación ilícita en el que están investigados los exvocales del CPCCS Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos; y, Nicole Bonifaz, quien está en funciones, luego de una denuncia presentada por el titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald. En enero pasado, personal de la Fiscalía junto con la Policía Nacional allanaron las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana en Quito y de Augusto Verduga y se incautaron dos teléfonos móviles de los que se extrajeron chats de mensajería instantánea y conversaciones guardadas en esos dispositivos. En uno de los archivos, Verduga habla con Saltos y otros de sus coidearios, como el dirigente correísta Andrés Arauz, respecto de cuáles eran los jueces con los que podrían tener acercamientos para echar abajo la sentencia del TCE, de primera instancia, en la que se los sancionó por una infracción electoral, al ser promocionados en la campaña electoral en el 2023 por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) y su líder, Rafael Correa, para que sean electos en el cargo, a pesar de que está prohibido por la Constitución y la ley. Los exconsejeros referían en este diálogo, que está en el expediente judicial, que tenían conexiones con los jueces Ivonne Coloma, Gustavo Ortega, Joaquín Viteri, Roosevelt Cedeño y con servidores del Tribunal, como el secretario general, Milton Paredes. El juez Fernando Muñoz pidió que se tomen acciones respecto de estos diálogos y se elaboró este criterio jurídico. La presidenta Ivonne Coloma desestimó estas charlas y las calificó de elucubraciones. Tras conocer el criterio jurídico, el magistrado Guillermo Ortega mocionó que se socialicen las medidas internas al personal sobre la confidencialidad de la información. Muñoz se mostró en desacuerdo y se produjo un altercado entre el juez y la presidenta Coloma, pero finalmente, se aprobó la propuesta de Ortega, solo Muñoz votó en contra. (I)

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