Los dirigentes del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz y Esther Cuesta Santana, y Raúl González Carrión fueron vinculados a la etapa de instrucción fiscal al presumirlos autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga2.
La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho decidió, este 4 de junio de 2025, acoger los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de formulación de cargos que se instaló desde las 09:00, con lo que vinculó a los tres actores políticos a este caso en el que son procesadas otras cuatro personas por presunta asociación ilícita.
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En total van siete los vinculados al caso.
Con su decisión, la jueza amplió a 120 días la etapa de la instrucción fiscal, que concluirá el 13 de julio de 2025.
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Los militantes de la RC Andrés Arauz, secretario del movimiento, y Esther Cuesta, exasambleísta, deben volver al Ecuador para cumplir con una medida de carácter personal de presentación periódica ante una autoridad competente, tras ser vinculados en el grado de autores en el delito de presunta asociación ilícita.
Los dos residen en el exterior: Andrés Arauz en México y Esther Cuesta en Italia, por lo que solicitaron presentarse en los consulados en esos países.
Pero la jueza Camacho no aceptó su pedido y les impuso la única medida de presentación periódica, que deberá cumplirse desde el 13 de junio.
La defensa de Arauz, Gabriel Rivera, enumeró varios hechos que acreditarían un arraigo, como que tiene la condición de “refugiado” en México y pidió que se le permita presentarse en el consulado.
Sin embargo, el fiscal general, Wilson Toainga, rechazó el pedido, ya que del registro migratorio, en el 2024, Arauz tuvo 23 arribos a Ecuador y dos en el 2025.
La defensa de Cuesta, Diego Guarderas, pidió también que se le permita presentarse a cumplir la medida cautelar en el consulado en Génova, pero no se aceptó.
En el caso de Raúl González, se le permitirá presentarse en la Corte Provincial de Justicia del Guayas desde el 9 de junio, ya que tiene residencia en el cantón Samborondón.
Sobre González regirá la medida de prohibición de salida del país.
En este proceso están también procesados los exvocales del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, quienes fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los halló responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave.
La consejera en funciones Nicole Bonifaz es otra de las procesadas.
Según la investigación de la Fiscalía, ellos habrían usado su cargo para “proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas”.
Este caso es consecuencia de una decisión que tomaron el 22 de enero de 2025.
Los exconsejeros Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y Eduardo Franco Loor, al que se sumó Nicole Bonifaz López, conformaron una mayoría, (cuatro de siete consejeros) con la que resolvieron “ratificar” a Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos, pese a que su elección se anuló en el 2022 mediante acciones de protección.
Raúl González planteó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) que reconoció la vulneración de sus derechos, pero subrayó que su decisión no afectaba la elección de un nuevo superintendente que se haya hecho antes de su sentencia.
Esto, en referencia a que el 4 de diciembre de 2024, el CPCCS eligió a Roberto Romero von Buchwald en esa función de una terna que envió el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
No obstante, los consejeros decidieron ratificar a Raúl González como el superintendente de Bancos hasta el 2027 y a Roberto Romero lo programaron para los siguientes cinco años, después del 2027.
En ese momento, la Asamblea Nacional la presidía la exlegisladora del movimiento Revolución Ciudadana (RC) —liderado por el expresidente Rafael Correa— Esther Cuesta, quien no convocaba a la posesión de Romero en su cargo de superintendente.
Ella asumió esa dignidad, debido a que Viviana Veloz, asambleísta de la RC, hacía campaña electoral para su reelección, así como los otros miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Tras la decisión de la mayoría, Esther Cuesta consultó al CPCCS a quién debía posesionar, si a Raúl González o a Roberto Romero.
Entonces, Romero denunció el hecho y la Fiscalía hizo un allanamiento en las oficinas del Consejo de Participación, en Quito, el 24 de enero de 2025, y se incautaron dos teléfonos celulares del exconsejero Augusto Verduga, del que se extrajeron conversaciones, entre otros actores políticos, con Andrés Arauz.
Según el fiscal Toainga, de las pericias elaboradas a lo extraído de los celulares, habría conversaciones en las que se planificaban acciones para posesionar a González y tener control sobre la Superintendencia de Bancos.
Así también, se los investiga de haber planificado estrategias para obstruir las decisiones en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tramitaba una denuncia por infracción electoral en contra de Verduga, Saltos, Franco y la exvocal suplente Vielka Párraga.
En ese entonces, Augusto Verduga interpuso una denuncia penal en contra de la conjueza electoral Ana Abril, a la que también recusó para evitar que se principalice y pueda sumarse al pleno del Tribunal para resolver la causa.
El TCE no dio paso a la recusación y solo el juez Richard González votó a favor de sacarla del pleno.
En este caso, González es parte del colectivo Acción Jurídica Popular, del que es parte la activista política Patricia Schettinni, candidata a asambleísta por la RC, y de la abogada Angélica Porras, quienes fueron sancionadas con la pérdida de sus derechos de participación por ejercer violencia política de género en contra de la exfiscal general Diana Salazar Méndez. (I)