Caso Las Torres: Caducidad de la prisión preventiva del excontralor Pablo Celi y otras dos personas toma vigencia en medio de la etapa de juzgamiento

De instalarse este lunes 21 de febrero la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra once personas, la diligencia en el denominado caso Las Torres deberá darse tomando en cuenta que si hasta abril próximo no existe una sentencia podría caducar la prisión preventiva que pesa sobre el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y Adolfo Agusto Briones , hermano del fallecido ex secretario de la Presidencia, José Agusto Briones.De entre las trece personas que son procesadas en esta causa, solo los dos, Celi y Agusto Briones, mantienen prisión preventiva, orden que han tratado de revertir sus defensas mediante varios recursos solicitados y negados en su momento. La última negativa que recibieron fue de parte del juez de la Corte Nacional Felipe Córdova, quien en enero pasado rechazó sus pedidos para sustituirlas.El 14 de abril de 2021, Córdova, como parte de la formulación de cargos, dispuso la medida de prisión preventiva contra el excontralor, su hermano y José y Adolfo Agusto Briones. Los cuatro fueron ingresados en la Cárcel 4, en Quito, y hasta el momento, a excepción de José Agusto Briones que falleció en mayo pasado en el interior de ese centro carcelario, todos siguen internados en el mismo sitio.La acusación de Fiscalía señala que ejerciendo el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para estos de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó a base del mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión. El artículo 541 del COIP señala que la caducidad de la prisión preventiva se regirá por reglas como: no podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años; el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva y dictada la sentencia se interrumpirán estos plazos; o que la orden de prisión preventiva caducará y quedará sin efecto si se exceden los plazos señalados, por lo que el juzgador ordenará la inmediata libertad de la persona procesada.A decir de Marcelo Ron, abogado del excontralor, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) existe un apresuramiento para tener una sentencia e impedir que se dé la caducidad de la prisión preventiva. Cree que este apresuramiento se habría evitado si en su momento se accedía a la sustitución de esta medida y se cumplía con la resolución de la propia CNJ sobre la prisión preventiva.Según Ron, si se habría mantenido con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, la cual está cerca a caducar, a los dos hermanos Celi y a Agusto Briones, eso permitiría en este momento a los jueces resolver la etapa de juzgamiento con tranquilidad y en medio de una correcta práctica de la prueba, sin que haya un apresuramiento ante una caducidad.“En esas condiciones el juzgamiento no se convierte en el objetivo”, aseguró Ron, al tiempo que adelantó que solicitarán al Tribunal de Juicio la revisión de la prisión preventiva de Celi. Ese pedido, dijo, lo haría una vez se corrijan los errores que se habrían cometido en la notificación de los testigos que mantienen para el juicio, cuestión que para él demostraría el apresuramiento que existe. Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, siente también que hay un apresuramiento, pero que no tiene que ver con ninguna cuestión política, sino con la caducidad de la prisión preventiva. Ese hecho, dice, le genera una situación de “inseguridad jurídica”, pues lo que vería es que los jueces van a “correr” para tener una sentencia, la cual en condiciones normales no estaría para antes de abril próximo.Por la voluminosidad del expediente (773 cuerpos), la cantidad de acusados (once), dos acusaciones particulares (Procuraduría General y Petroecuador), la intervención de la fiscal general, Diana Salazar, y la presentación de aproximadamente 350 testigos y peritos en la audiencia de juzgamiento, los sujetos procesales piensan que esta diligencia podría durar entre tres semanas y un mes y otro tiempo similar el Tribunal se demoraría para deliberar y entregar su resolución oral.Ron y Encalada recuerdan que la audiencia preparatoria de juicio, una fase menos complicada que la de juzgamiento, se dio en dos semanas y al juez Córdova le tomó más de un mes deliberar y dar a conocer la resolución. Entre el 21 de febrero y el 14 de abril próximo solo existen 53 días.A Encalada no le parece necesario que la caducidad de la prisión preventiva deba generar un apuro, en especial con Pablo Celi, pues dice que él cumplirá 65 años el 10 de abril próximo y necesariamente al día siguiente él tiene que salir de la cárcel. “El apuro no tiene sentido si igual va a salir. (...) La justicia tiene que ser rápida, tiene que haber celeridad, pero no porque exista celeridad vamos a sacrificar el derecho a la defensa. Cuando se da una audiencia al apuro se viola el derecho a la defensa”.Pese a que existe la posibilidad de que Celi cumpla arresto domiciliario ante la caducidad de la prisión preventiva o porque sea declarado de la tercera edad, Ron explica que solicitará, por igualdad, que se emita una medida cautelar similar a la que tiene la mayoría de los procesados en el caso Las Torres: presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.A entender de Joan Paul Egred, defensa de los procesados Adolfo Agusto Briones y Andrés Luque , el tema de que opere o no la caducidad de la prisión preventiva no debería ser un motivo para que el Tribunal de Juicio conozca esta causa de manera apresurada. Para él, la caducidad simplemente es el fin de la prisión preventiva por el vencimiento de un plazo y no debería ser el motivo que haga o no acelerar una audiencia.Egred sostiene que lo lógico es que las personas se defiendan en libertad y no que se defiendan presos. Si se llegase a caducar la prisión preventiva, el abogado indicó que presentará un escrito haciendo saber al Tribunal de la caducidad, eso sería verificado e inmediatamente Agusto Briones debería salir de la cárcel.Ya en lo referente a la audiencia de juzgamiento, la defensa de Agusto Briones insiste en que va a ser muy difícil que la Fiscalía logre comprobar no solo la responsabilidad de los procesados, sino también la existencia del delito de delincuencia organizada, “de un grupo que no ha sido organizado , que entre los procesados no se conocen, de un grupo en el cual no se configuran roles”.En este caso, la Fiscalía sostiene que entre los años 2017 y 2020 se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas.Los beneficios económicos que esperaba esta estructura debían venir de la empresa Nolimit C. A., la cual tenía una relación contractual con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20,3 millones . Al tener conocimiento de la cantidad adeudada, explicó Salazar, la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto a cancelar. (I)

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