Más de $ 105.000 en efectivo incautados, trece teléfonos celulares, ocho laptops, quince pendrives, una docena de discos duros, un arma traumática, y el ingreso a la vivienda de un exministro de Electricidad fueron los últimos resultados conocidos dentro de la investigación previa abierta por hechos ilegales aparentemente ocurridos en la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen Industries LLC.
El 28 de agosto pasado, por segunda ocasión en un mes, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos dentro de una indagación abierta por el delito de peculado y bautizada con el nombre de caso Apagón. Los doce allanamientos realizados en casas y oficinas ubicadas en Samborondón y Guayaquil, en Guayas, y en Cumbayá e Iñaquito, en Quito (Pichincha), se sumaron a los 17 allanamientos dados el 28 de julio pasado en las provincias de Guayas, Pichincha y Bolívar.
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La Fiscalía y agentes policiales de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General realizaron las primeras acciones en el caso Apagón, días después del anuncio de que se abría una investigación previa por las irregularidades halladas por la Contraloría General del Estado (CGE) en dos contratos que hizo Celec con la compañía estadounidense Progen. De ese análisis se desprendió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) que fue entregado a la Fiscalía.
Como parte de los primeros 17 allanamientos realizados la madrugada del 28 de julio pasado, la Fiscalía ingresó a la casa de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec EP y exviceministro de Electricidad. Se informó que en el sitio se habrían incautado varios indicios relacionados con el presunto peculado cometido en la contratación de un proyecto de generación eléctrica que buscaba superar el déficit de energía que Ecuador vivía en 2024.
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Un mes después, dentro de los doce allanamientos autorizados por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Hernán Barros se dieron dos en Samborondón, Guayas, en inmuebles relacionados con el abogado Marco Antonio E. J.; dos que tenían que ver con una casa y una oficina en Samborondón y Guayaquil del exasesor en el Ministerio de Energía Peter Christian D. P., y un allanamiento en un inmueble del exministro de Electricidad Octavio Antonio Goncalves.
Otro allanamiento llegó a una vivienda localizada en Samborondón que estaba relacionada con el exasesor de Celec Álex Patricio D. C.; dos allanamientos más se dieron en inmuebles de Samborondón y Guayaquil que tenían que ver con Rafael Emilio Q. V., exviceministro de Electricidad y Energía Renovable.
Dos incursiones más se dieron en Quito (Pichincha) en edificaciones que estaban relacionadas con Édison Vinicio I. S. y Pamela Johanna D. Y., quienes mantendrían algún tipo de vinculación con una empresa investigada; mientras que los restantes dos allanamientos en la parroquia de Iñaquito, en Quito, se ejecutaron en oficinas que tenían que ver con un estudio jurídico y con el abogado Carlos Miguel F. B.
Los contratos analizados en el caso Apagón referirían los acuerdos para instalar termoeléctricas en Ecuador, especialmente en Quevedo y El Salitral, los cuales se habrían firmado en agosto de 2024. Para esos momentos Fabián Calero era el gerente subrogante y el representante legal de Celec EP, aunque luego pasó a ser viceministro de Energía y siete días antes de que la CGE aprobara el informe con IRP, renunció a ese cargo.
En el primer grupo de allanamientos se llegó a instalaciones de la Gerencia de Unidad de Celec, en la Unidad de Negocios de TermoPichincha, la Central Térmica Guangopolo, la Empresa Eléctrica Quito, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y en Electroguayas, donde está la subestación eléctrica Salitral.
Dentro de poco la investigación previa abierta de oficio por la Fiscalía cumplirá cinco meses de su primera acción preprocesal y no se han conocido mayores detalles del avance del análisis de los equipos electrónicos y documentos incautados en los 29 allanamientos dados.
Sobre el tema Progen, el presidente de la República, Daniel Noboa, la mañana del martes 16 de diciembre, en su cuenta personal de la red social X, escribió: “Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país”.
El Gobierno ecuatoriano, a través de Celec EP, acusó a la empresa estadounidense Progen y a sus socios comerciales de actuar con un “patrón de actividades de crimen organizado” para cometer fraude, enriquecimiento injusto, prácticas comerciales engañosas y desleales y conspiración para causar un daño sustancial.
La demanda fue planteada el pasado 15 de diciembre ante la Corte del Distrito Medio de Florida, de Estados Unidos, con sede en el condado de Tampa.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó a la demanda que anunció el presidente Noboa contra la empresa Progen y cuestionó la falta de sanción a los “culpables locales que impulsaron y arreglaron estos procesos irregulares vinculados con la emergencia del sector eléctrico”.
A través de un comunicado, la organización consideró que “las acciones tardías causan estupor” y recordó que este caso fue denunciado por la misma CNA. “El Estado ecuatoriano ha presentado una demanda en EE. UU. en contra de Progen. Este grave asunto, así como el de Austral, fue denunciado por la CNA hace un año. El perjuicio bordea los 175 millones de dólares”. (I)