Este viernes, 22 de mayo de 2026, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Vinicio Rodríguez Mongón resolverá el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) de prisión preventiva para los 21 procesados por peculado en el denominado caso Apagón.
En la audiencia de formulación de cargos que se reinstaló este miércoles 20 de mayo, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, el magistrado convocó para las 09:00 del viernes para emitir su decisión.
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En la diligencia de hoy, los abogados de los 21 investigados rechazaron las acusaciones del fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, y solicitaron al conjuez nacional que emita medidas alternativas a la prisión preventiva.
Las defensas coincidieron en que el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva es desproporcionado, innecesario y carente de justificación, ya que, indicaron, no existe peligro de fuga ni de incidir en el proceso penal. Asimismo, abogados de ciertos procesados señalaron que sus defendidos han recibido amenazas y se encuentran en el sistema de protección de víctimas y testigos; otros, en cambio, alegaron condiciones de salud.
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Por su parte, el fiscal Alarcón ratificó su acusación contra todos los sospechosos y enfatizó que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes.
Tras escuchar los pedidos de las partes, el conjuez Vinicio Rodríguez sostuvo que se cumplió con el principio de contradicción procesal, por lo que únicamente le queda emitir una resolución. Por eso, dijo el magistrado, “quiero que comprendan la cantidad de elementos de convicción que existen y voy a suspender la audiencia para poder fundamentar adecuadamente”.
El fiscal Carlos Alarcón formuló cargos por el delito de peculado contra 18 personas en calidad de autores, entre quienes están el exministro de Energía Antonio Goncalves; el exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Fabián Calero; y el exgerente de la Unidad de Negocios TermoPichincha Byron Orozco; mientras que, como coautores, otras tres personas, entre ellas los representantes de Progen Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de El Salitral y Quevedo, para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. La acusación fiscal refiere que el peculado existente estaría relacionado con la adquisición en 2024 de 50 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen y en el que se habría generado un perjuicio para el Estado que ascendería a $ 104 millones. (I)