Por quinto día, este 23 de abril, la fiscal Ivonne Proaño continuará fundamentando el dictamen acusatorio que mantiene contra diecisiete procesados dentro del caso denominado Alianza, proceso penal que investiga el delito de cohecho ocurrido en una supuesta trama de corrupción ocurrida en la empresa pública de petróleos Petroecuador.
Desde el 15 de abril pasado, en audiencias no consecutivas, Proaño se encuentra presentando su dictamen contra Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el periodo presidencial de Rafael Correa; los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza; Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; y otros trece sospechosos de ser parte de una red de corrupción que operó en Petroecuador entre los años 2010 y 2020 con el fin de beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos.
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El proceso penal arrancó el 1 de noviembre de 2022 con la formulación de cargos contra Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; contra un exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, así como contra Wilson Naranjo y Jorge Ponce.
Mientras que el 16 de febrero de 2023 fueron vinculados al caso Nilsen Arias, los hermanos Peré Icaza, Kohut, Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar.
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La Procuraduría General del Estado y Petroecuador son acusadoras particulares de los procesados, entre otras cosas, por supuestamente haberse asociado para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales, como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina, con la adjudicación de contratos.
Arias y los hermanos Peré Icaza se encuentran en Estados Unidos. El primero es acusado del delito de lavado de activos y colabora con la justicia estadounidense en un caso relacionado con el negocio petrolero; mientras que los Peré Icaza también fueron procesados en Estados Unidos luego de aceptar su responsabilidad en ilícitos también relacionados con el tema petrolero.
La Fiscalía ubica a Arias como el líder de la red de corrupción que habría generado un cohecho de aproximadamente $ 22 millones. La acusación sostiene que los procesados que ocuparon un puesto en Petroecuador y en otras instancias públicas colaboraron de alguna forma con Nilsen Arias, siendo gerente en Petroecuador, para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.
Nilsen Arias ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, cuando fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana. (I)