Casi 100 ciudadanos inscritos para ser veedores del concurso de selección del nuevo contralor general del Estado

El concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Estado registra casi 100 veedores ciudadanos inscritos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para observar la transparencia.El plazo para inscribirse vence este viernes (27 de agosto) a las 17:00, y según reportes oficiales, hasta ayer había 93 ciudadanos que presentaron la documentación para ser veedor ciudadano.Una vez que el CPCCS confirme que los participantes no incumplan requisitos legales, como mantener contratos con la institución cuya autoridad va a ser designada, que sean ecuatorianos y gocen de sus derechos de participación, serán acreditados y capacitados respecto de las atribuciones que tendrán.Por ejemplo, podrán alertar de actos u omisiones en el desarrollo del concurso y deberán presentar un informe final.Su primera tarea será observar la transparencia en la selección de los diez miembros de la Comisión Ciudadana de Selección , que se encargará de realizar el concurso público de la elección del nuevo contralor para los próximos cinco años.Esta comisión está integrada por cinco representantes de la ciudadanía, quienes deberán ser designados también por un concurso de méritos con un puntaje de 50 puntos. De los 30 mejor puntuados, cinco serán escogidos por sorteo público.Los otros cinco provienen de delegaciones de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, de la Función Electoral y de la Función Judicial. El colectivo ciudadano Voces por la Democracia hizo un “llamado urgente” a la sociedad civil a inscribirse a ser parte de la veeduría ciudadana, porque la elección del titular de la Contraloría que hace el “control de las cuentas del sector público y su correcto funcionamiento no puede estar en manos de quienes encubren la corrupción y se benefician de ella. Necesitamos que quien dirija la Contraloría sea una persona honesta, dispuesta a emprender acciones para limpiar las prácticas corruptas en el uso de los recursos públicos”, se señaló en una misiva difundida ayer.El Consejo de Participación cuenta con $ 393.895 de presupuesto para realizar el proceso, que asignó el Ministerio de Economía y Finanzas. De este rubro, se destinarán $174.000 para el pago de las dietas de los comisionados ciudadanos; y lo restante es para logística, contratación de tecnología, pago a los catedráticos que elaborarán las preguntas para los postulantes a ser contralor, entre otros.El vicepresidente del CPCCS y presidente encargado, David Rosero , explicó que una de las partidas que ascienden a $ 100.000 se utilizarán para la logística, que comprendería arrendar espacios para el funcionamiento de la comisión.El reglamento de designación de esta autoridad (al igual que otros dispuestos para los concursos de méritos) experimentó una reforma, aprobada por los consejeros de mayoría del CPCCS el pasado 20 de agosto.Esta reforma consistió en la modificación de la integración de un equipo técnico , que ya no estará integrado por delegados de los siete consejeros sino por ocho funcionarios, que serán designados por el pleno, sin necesidad de que sean escogidos por los vocales.Durante el avance del concurso, este equipo técnico tiene entre sus responsabilidades dar apoyo logístico, administrativo y operacional a las comisiones ciudadanas de selección.Incluso sirven de apoyo para la calificación de los méritos y revisión de requisitos de los postulantes a ser comisionados ciudadanos y para ser autoridad.Con base en ello, los consejeros de minoría cuestionaron que se les imposibilitará conocer cómo avanza el concurso. Francisco Bravo y Hernán Ulloa expusieron su inconformidad, porque responde a la conformación de una “mayoría” en el organismo, que les permitirá tener a funcionarios solo de los cuatro vocales y no de quienes hacen “minoría”.Sin embargo, Rosero aseguró que este equipo técnico tiene una opinión que no es vinculante y que “no es verdad” que ayuden a calificar los méritos. “Son los comisionados ciudadanos los que califican y ponen los puntos. Todo es transparente y claro. Yo viví esta situación y por eso he procurado que todo fluya de forma transparente. Pero otra cosa es que yo me preste para que los amigos de Pablo Celi (excontralor subrogante del Estado) o los amigos de cualquier otra autoridad pretendan que no hagamos nada. Si los amiguitos de cualquier autoridad quieren que no hagamos nada, eso no va a pasar”, increpó.A propósito de esta conflictividad interna, ayer durante una plenaria, el consejero Bravo insistió en su reclamo.“Esa velocidad para aprobar los reglamentos va a llevar a estrellarse al Consejo de Participación Ciudadana”, dijo Bravo.Replicó a Rosero por su declaración de que hay “amigos de Pablo Celi” los que intentan entorpecer los concursos y señaló: “Yo sí soy amigo de Pablo Celi, pero más amigo de la razón. Fui el primero que solicitó la renuncia de Celi y de Freddy Carrión (defensor del Pueblo investigado por presunto abuso sexual), pero se sellaron el ojo como pirata para ver lo que les conviene”.Su declaración se dio a propósito de que en junio, Bravo mocionó al pleno que se exhorte a Celi a renunciar al ser detenido para investigaciones por presunta delincuencia organizada; y a Carrión por cumplir una orden de prisión preventiva por presunto abuso sexual.El pleno acogió y aprobó el pedido de renuncia a Celi, pero no de Carrión. Luego, en julio pasado los consejeros de mayoría (Javier Dávalos, David Rosero, Sofía Almeida e Ibeth Estupiñán) resolvieron que se respete la “presunción de inocencia” de Carrión.Dávalos dijo a Bravo que “no se rasgue las vestiduras”, porque fue él quien pidió primero que se apruebe el exhorto para exigir la renuncia de Celi. (I)

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