La alerta la lanzó la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) en agosto del 2019. Una carta a la Superintendencia de Compañías advertía sobre la falta de regulación para la negociación de facturas comerciales de empresas relacionadas en las bolsas de valores. Sin embargo, las autoridades prohibieron estas operaciones a fines del 2020, cuando ya había estallado el caso Delcorp y el Isspol había comprado $ 21 millones en estas operaciones.

Si una empresa ya ha vendido su producto a un comprador a crédito, puede acudir a la bolsa para vender la factura con descuento y recuperar el dinero inmediatamente; a su vez, el inversionista cobrará la factura al comprador. Esas con las operaciones de facturas comerciales negociables.

La BVQ envió una comunicación al superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia Places, el 8 de agosto de 2019, en la que insistía en su preocupación de que existiera “una real esencia económica” en estas operaciones entre compañías relacionadas que se habían realizado en las bolsas de valores.

La Bolsa quiteña lo había advertido en “diversas oportunidades”, no solo a Anchundia sino también al intendente del Mercado de Valores, Carlos Murillo, según consta en el documento. La falta de regulación o aplicación de “parámetros de prudencia” venía de más arriba, del organismo rector, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y del Código de Comercio aprobado por la Asamblea Nacional y emitido en mayo del 2019, y que reemplazaba a otro del año 1960.

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En su comunicación del 2019, la BVQ también destacó que en el mercado había retrasos de pagos que generaban incertidumbre por la posibilidad de un “sobreendeudamiento que genere un riesgo latente en el mercado”. Por ello pedía que la Superintendencia “realice una revisión exhaustiva a este producto bursátil”.

Veinte días después, el entonces intendente Murillo respondió a la BVQ asegurando que ejercía de forma permanente su labor de control y que el 25 de julio había enviado un proyecto de norma sobre las facturas comerciales a la Junta de Política y Regulación Monetaria.

La norma vendría recién a fines del 2020 y fue emitida por el entonces ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. La principal prohibición es que en la negociación de facturas a través de las bolsas de valores el vendedor, el comprador y el inversionista no estén relacionados. La responsabilidad para determinar la vinculación recayó sobre las casas de valores, según la normativa, que también puso plazo al pago de facturas, 180 días. La resolución que permitió la compraventa de facturas en las bolsas de valores la firmó, en noviembre de 2008, el entonces superintendente de Compañías, Pedro Solines Chacón, quien permaneció en ese cargo hasta noviembre del 2010. Suad Manssur reemplazó a Solines en 2011 y se quedó hasta el 2018.

Aunque en la carta de la BVQ no se menciona el caso Delcorp, la negociación de facturas con su relacionada Fertisolubles ha sido uno de los principales cuestionamientos contra el superintendente Anchundia, que sucedió a Manssur y que ahora enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. Anchundia asumió como encargado y fue designado en marzo del 2019.

Entre junio del 2019 y mediados del 2020, Delcorp vendió $ 39 millones a su relacionada Fertisolubles y negoció estas facturas en la Bolsa de Valores de Guayaquil. El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) compró $ 21 millones de esas facturas y hasta ahora no ha podido recuperar su inversión.

“Este tipo de situaciones es una prueba de la incompetencia, por decir lo menos, de los organismos de control del Estado, lo que provoca afectaciones a los inversionistas bursátiles y el subdesarrollo del mercado de valores en Ecuador”, aseguró Ramiro Crespo, presidente de la casa Analytica Securities C.A.

Añadió que el producto de facturas negociables es ideal para dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, está prácticamente liquidado por la desconfianza debido a los problemas que se han presentado.

Lamentó que el mercado de valores ecuatoriano siga tan atrasado, mientras que las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile avanzan en la integración de un mercado bursátil andino. (I)