Bancadas legislativas rechazan veto total del Ejecutivo a ley que disponía entrega inmediata de recursos a los gobiernos locales

Las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Construye y Revolución Ciudadana (RC) rechazaron este jueves, 6 de junio, la decisión del presidente Daniel Noboa de vetar totalmente el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados.

Dicha norma fue aprobada hace tres semanas por el pleno de la Asamblea Nacional; en ella se disponía que de la Cuenta Única del Tesoro el Banco Central del Ecuador (BCE) transfiera de forma directa y automática los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Para ello, el BCE deberá crear subcuentas únicas para efectuar la transferencia y evitar que la decisión pase por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el texto se establecía que, por incumplimiento probado de retraso en las transferencias de los recursos financieros que corresponden a los GAD, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas sería sancionado con la destitución del cargo.

Sus proponentes en el 2021 fueron los asambleístas socialcristianos Henry Kronfle (ahora presidente de la Asamblea) y Johnny Terán.

El Gobierno indicó en un comunicado, la noche del pasado 5 de junio, que aquella norma es un “perjuicio” para los otros sectores de gasto, como seguridad, salud o educación, y afecta a las finanzas públicas y con grave riesgo para la estabilidad económica.

Además, señaló que “la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado”.

Esta decisión se da en medio de un conflicto entre el Gobierno y la Asamblea. El régimen acusa a los legisladores de haber armado una mayoría “anti-Noboa”.

El PSC, en un boletín suscrito por su presidente nacional, Alfredo Serrano, dijo que el Gobierno “es un simple recaudador del dinero de los gobiernos locales” y por ello no puede adueñarse de “plata ajena” aduciendo que está quebrado. “Eso no es solo un acto inconstitucional e ilegal, sino que tampoco es ético”.

Serrano agregó que el partido seguirá luchando para que las rentas de los GAD lleguen de manera directa, oportuna y completa, por lo que insistirán, cuando corresponda, en el proyecto vetado.

Además, adelantó que “estudiarán” la aplicación de “la medida legal más dura contra el ministro de Economía y Finanzas, que perjudica al pueblo para favorecer a los tenedores de la deuda externa”.

En tanto que Gabriel Bedón, de las filas de Construye, dijo que es “inadmisible” ir contra la Constitución, la cual señala expresamente que los recursos para los GAD tienen que llegar puntual y oportunamente. “Lo que aprobamos en esta ley era garantizar que los recursos llegarían en los primeros cinco días del mes (...) para garantizar la cadena de pagos”, explicó.

“Me parece que el Gobierno, al estilo de una vendetta de políticos viejos, hace un veto total a una ley que favorece a todos los ecuatorianos”, lamentó el legislador.

Bedón exhortó al presidente Noboa a analizar bien qué leyes va a vetar totalmente, y que sí puede mandar vetos parciales dialogando con los legisladores. “Pero primero cámbienos de vocero”, dijo el asambleísta, refiriéndose al viceministro de Gobierno, Esteban Torres.

Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, comentó que los que pierden con esa decisión no son los prefectos o los alcaldes, sino la ciudadanía, que deja de recibir obras.

“Si bien hay alcaldías como las de Quito o Guayaquil que tienen una infraestructura distinta, que pueden recaudar mejor sus recursos, que al inicio del año tienen el impuesto predial, el uso del suelo, hay otras como las de Valencia que no tienen esa capacidad y necesitan los recursos que el Gobierno les ha negado”, reclamó.

Garzón dijo que lo que hizo Noboa fue una respuesta a la enmienda que aprobó la Asamblea para modificar la forma de votación de los vetos presidenciales.

Hasta el cierre de esta nota, los gremios de los GAD no se habían pronunciado sobre el veto del Ejecutivo. Desde el área de Comunicación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador se indicó que durante el día emitirán un comunicado con la postura de todas las autoridades locales.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que cuando una norma es objetada totalmente por el presidente esta solo puede volver a tratarse un año después. (I)