Los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional están impedidos de interpelar, su papel está circunscrito a tramitar las solicitudes de juicios políticos, según las últimas reformas a la Ley de la Función Legislativa.

Ese cambio contemplado en el artículo 22 de la Ley, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, es un obstáculo y limita sustancialmente a todos los miembros de la comisión, pues prácticamente “serían solo tramitadores de juicios políticos”.

Esto obliga a Villavicencio a buscar un aliado entre los asambleístas para poder materializar su anuncio de iniciar un juicio político en contra del defensor del Pueblo Freddy Carrión, quien guarda prisión preventiva acusado de un posible abuso sexual, por los hechos registrados el 16 de mayo pasado.

Sobre este proceso, añadió Villavicencio, posee la información que solicitó a las instituciones como la misma Defensoría del Pueblo que dan cuenta de que el día del escándalo Carrión estaba con personal de esa institución con recursos y bienes públicos, lo cual configuraría un mal uso de bienes del Estado y en estado de excepción.

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Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, guarda prisión preventiva por posible abuso sexual

Villavicencio buscará dar un giro a la tarea de la Comisión de Fiscalización frente al obstáculo legal para interpelar, y señaló que se enfocará en investigar “los grandes casos de corrupción” y completar lo que desde el periodismo de investigación desarrolló como el caso de Petrochina, Ina papers, Coca Codo Sinclair, refinería del Pacífico, Toachi-Pilatón, refinería de Esmeraldas, Las Torres, es decir, en las megaobras en las que se advierte la existencia de sobreprecios y la presunción de delitos.

No necesariamente las investigaciones irán a un juicio político, añadió el legislador nacional, sino remitir la información a la Fiscalía del Estado para que inicie las acciones penales correspondientes.

Otro de los pasos que se pretende dar es presentar una reforma a la Ley de Función Legislativa para que la Comisión de Fiscalización deje de ser una comisión de mero trámite de juicios políticos. “No tendría, para mí, mucho sentido la comisión como un instrumento facilitador de juicios políticos, cuando el sentido que debe tener es investigar los grandes casos de corrupción”, afirmó Villavicencio.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), anticipó que empezaron las conversaciones con otros asambleístas para que sean los interpelantes en el juicio político en contra del defensor del Pueblo, por el impedimento legal que existe a quienes integran la Comisión de Fiscalización.

Añadió que si bien los integrantes de la comisión están inhibidos de interpelar, es necesario que se lleve adelante el juicio político en contra de Carrión.

En torno a los juicios políticos pendientes o en trámite en el anterior periodo legislativo, la Comisión de Fiscalización tiene en curso el trámite de un juicio político en contra del ahora exministro de Energía René Ortiz, por supuesto incumplimiento de funciones en la contratación de seguros en Petroecuador y la falta de control en el pago de las liquidaciones jubilares a los trabajadores de las empresas públicas eléctricas del país.

Comisión de Fiscalización califica juicio político en contra del ex ministro de Energía, René Ortiz

También está en presidencia de la Asamblea la solicitud de interpelación en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, planteado por el asambleísta Juan Lloret. (I)