Asambleístas indígenas amazónicos condicionan apoyo al proyecto urgente sobre fortalecimiento de los sectores minero y energético

Los asambleístas amazónicos de Pastaza, Morona Santiago y Napo condicionaron su voto para aprobar en segundo debate el proyecto urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energético. La Asamblea Nacional, reunida en el campus universitario de la Ecotec, en Samborondón, discute este 26 de febrero de 2026 el segundo informe del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. Los votos de los tres asambleístas José Nango (Pastaza), Edmundo Cerda (Napo) y Fernando Nantipia (Morona Santiago), que fueron expulsados del movimiento Pachakutik, se inclinan para reunir los 77 votos para aprobar el proyecto urgente.Los tres asambleístas tomaron la palabra en el debate y advirtieron que darán su voto condicionado, siempre que se elimine el artículo 29 del proyecto en discusión y que tiene relación con las regalías por efectos de actividades del sector eléctrico.El texto del artículo 29 del proyecto se refiere a la distribución de las regalías por la generación de energía eléctrica donde señalan los siguientes criterios: Estos recursos serán destinados exclusivamente para gastos de inversión. Si la generación de energía eléctrica se produce en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, los recursos económicos citados en el inciso anterior correspondientes al 12 % de utilidades financiarán al Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y serán invertidos y asignados de conformidad a lo dispuesto en la Ley que la rige. El legislador Fernando Nantipia, de la provincia de Morona Santiago, sostuvo que el Ecuador no puede desarrollarse sacrificando a la Amazonía y anunció un voto condicionado, siempre que el texto no afecte a los intereses de los amazónicos. Afirmó que la consulta previa, libre e informada no es un trámite administrativo, es un derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades, y reiteró que la propia normativa reconoce que los proyectos extractivos deben contar con la participación y sobre todo el consentimiento de las comunidades afectadas.La consulta previa libre e informada, añadió, no puede quedar implícita ni interpretada ni subordinada. Debe estar claramente garantizada porque sin consulta previa no hay licencia social, sin licencia social no hay paz territorial.Respecto de las regalías de las que habla el proyecto, Nantipia dijo que el 30 % debe mantenerse para la Amazonía y los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo y en especial los amazónicos. “Esto no es un privilegio. Esto es justicia territorial”, afirmó.Nantipia advirtió que si esta ley garantiza consulta previa, si respeta los derechos colectivos y se asegura que el 30 % de regalías continúe para la Amazonía tendrán su respaldo. En esta ley hay un punto decisivo y está en el artículo 29 del proyecto que “tanto luchamos nosotros, nuestros pueblos derramaron sangre, hoy se quiere eliminar el 30 % del superávit destinado a la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”, afirmó el asambleísta por la provincia de Pastaza José Nango. Explicó que ese 30 % no es un privilegio. Es justicia territorial mínima, es salud, educación, agua potable, conectividad y vialidad para comunidades que han sostenido al país por décadas y que todavía esperan que el desarrollo llegue de forma real. Añadió que junto a esto hay otro tema que no se puede debilitar: la consulta previa, libre, informada; y dijo que no es un trámite ni un papel para llenar. Debe mantenerse como requisito indispensable, especialmente ante autorizaciones ambientales, porque solo quienes viven en el territorio saben cómo se pierde cuando se interviene la Amazonía, se afecta el agua, la biodiversidad, la salud y el tejido social.“Lo digo con absoluta claridad, si se elimina el artículo 29, corrigiendo esa afectación al 30 % del superávit amazónico, nuestro voto será positivo, porque el Ecuador necesita fortalecer sectores estratégicos, generar empleo y dar estabilidad económica. Sí, pero no a costa de debilitar a la Amazonía ni de debilitar los derechos”, afirmó.Nango insistió en que si se mantiene el artículo 29 del proyecto, “lamentablemente en esta ocasión no podremos apoyar la iniciativa del Ejecutivo porque afecta directamente a las provincias amazónicas”. El asambleísta Edmundo Cerda de la provincia de Napo , sostuvo que cualquier reforma legal debe partir de no retroceder derechos, por ello, planteó la eliminación del artículo 29 del texto propuesto ya que “compromete recursos de los gobiernos autónomos descentralizados en relación al 30% de las regalías provenientes de los recursos eléctricos”.Dijo que no se puede permitir que desde la Asamblea se disponga sobre recursos que tienen un destino específico y que son fundamentales para la planificación y ejecución de obras en nuestros territorios. Añadió que combatir la minería ilegal no puede significar debilitar la autonomía territorial ni afectar los presupuestos locales. (I)

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