La Asamblea Nacional, este 8 de abril de 2026, aprobó siete de ocho informes de labores de las autoridades de control presentados por su gestión realizada en el 2025. El que no fue aprobado corresponde al del Consejo de la Judicatura, considerando que incumplió con la obligación de ejecutar las políticas para modernizar el sistema judicial.
La legislatura se instaló pasadas las 10:00 para conocer uno a uno los informes elaborados por las diversas comisiones especializadas permanentes, donde se incluyeron observaciones puntuales en torno al fortalecimiento institucional de cada órgano de control.
Publicidad
Informe del Consejo Judicatura
La Comisión de Justicia de la Asamblea analizó el informe de labores presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura Mario Godoy y concluyó que el informe y las respuestas a las preguntas de los integrantes de la mesa no demuestran que el Consejo de la Judicatura haya realizado un trabajo estratégico comprometido con las necesidades de la sociedad ecuatoriana, razón por la cual incumple su función constitucional establecida en el artículo 181 de la Constitución, así como los artículos 254 y 264 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Publicidad
Los dos artículos tienen relación con la obligación de la Judicatura de definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, así como velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.
Además, señala que el informe y las respuestas a las preguntas de la Comisión Legislativa permite concluir que el funcionamiento en materia de gestión procesal es limitado. Por ejemplo, en materia penal en su conjunto es muy bajo, apenas el 1,4 % de denuncias llegan a juicio, y no da cuenta de ningún correctivo adoptado. Esto constituye, dice el informe, un incumplimiento de las funciones establecidas en los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución.
Que el informe y las respuestas a las preguntas de la Comisión de Justicia de la Asamblea permite concluir que no existe una priorización estratégica de acuerdo con las necesidades evidentes de la justicia ecuatoriana.
Asimismo, el reporte revela un funcionamiento “en extremo bajo” en delitos especialmente sensibles, como las muertes violentas. Concretamente, los casos de femicidio que se sentencian son el 0,61 %, mientras que a nivel mundial los homicidios que se resuelven alcanzan el 43 %. Esto es 70 veces menos en el Ecuador.
La Comisión de Justicia recomendó al Consejo de la Judicatura revisar de manera integral sus funciones, planificarlas de manera adecuada y ejecutarlas de manera efectiva; especialmente, en la esfera de gestión estratégica, gestión procesal; concursos en la función jurisdiccional, sector notarial y órganos autónomos; y, evaluación de los funcionarios de la Función Judicial.
La moción de no aprobación del informe del Consejo de la Judicatura la presentó el legislador Kevin Gallardo (ADN) y obtuvo 139 votos a favor.
Informe de Fiscalía
Tras revisar el informe presentado por la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Seguridad Integral recomendó al organismo continuar fortaleciendo su capacidad institucional para el adecuado ejercicio de la acción penal pública en delitos de mayor complejidad e incidencia, en el marco de su mandato constitucional.
Recomendó al Ejecutivo y al Consejo de la Judicatura el fortalecimiento presupuestario y de talento humano de la Fiscalía General del Estado, en atención al déficit estructural de agentes fiscales y a la alta demanda del sistema penal, a fin de reducir la congestión procesal y fortalecer la capacidad de respuesta institucional a nivel nacional.
La Comisión de Seguridad Integral también recomendó a la Fiscalía el desarrollo y consolidación de indicadores de gestión orientados a resultados procesales, de manera que se pueda disponer de información desagregada y verificable sobre judicialización, etapas procesales y desenlace de causas, lo cual permitirá una evaluación integral del desempeño institucional, respetando los límites legales derivados de la reserva de la investigación cuando corresponda.
También se recomienda la promoción de espacios permanentes de articulación entre los actores del sistema de justicia y las entidades vinculadas al control y persecución penal, con el propósito de optimizar la celeridad procesal, mejorar la instalación y seguimiento de audiencias, y fortalecer una respuesta coordinada frente a la carga procesal y a la criminalidad compleja.
Informe de la Contraloría
La Comisión de Régimen Económico revisó el informe presentado por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, y determinó que este cumple con la obligación constitucional y legal de rendición de cuentas ante la Asamblea, donde expone la gestión realizada en el periodo 2025, y señala que la información se complementó con la comparecencia y respuestas de la Contraloría.
Esa información adicional, señala el documento, permitió evaluar el grado de cumplimiento de las funciones de las que es responsable la institución.
Respecto de este informe, los asambleístas pidieron información adicional sobre las acciones de control ejercidas sobre el número de informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) en casos como Progen, ATM, entre otros.
Informe del Consejo Nacional Electoral
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea se encargó de analizar el informe de labores presentado por el Consejo Nacional Electoral y determinó que el organismo cumplió con las atribuciones establecidas en la Constitución y la ley, pues organizó y ejecutó los procesos Elecciones Generales 2025, Elección del Alcalde y Concejales del cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona Santiago, Elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza del cantón Pastaza de la provincia Pastaza, y Referéndum y Consulta Popular 2025.
Que en los procesos electorales, el CNE aseguró la participación y el ejercicio del derecho al voto de los electores tanto a nivel nacional como en el exterior, con una participación de 82,03 % en las Elecciones Generales 2025 -primera vuelta-, 82,98 % en las Elecciones Generales 2025 -segunda vuelta-; y, 80,27 % en el Referéndum y Consulta Popular 2025.
La Comisión legislativa recomendó fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de carácter cualitativa, incorporando análisis más detallados sobre los resultados, impactos y desafíos de la gestión electoral, a fin de facilitar el control político más integral por parte de la Asamblea.
(I)