El proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales empezará a ser tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno (ADN). La legisladora convocó a los comisionados a dos sesiones para este martes, 5 de agosto de 2025.
La primera sesión fue fijada para las 15:00, con el fin de avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), del pasado 1 de agosto, donde se calificó a trámite el cuarto proyecto de ley económico urgente, enviado por el presidente Daniel Noboa.
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Se prevé que la Comisión de Desarrollo Económico elabore un cronograma de trabajo para el tratamiento de este proyecto de ley, dentro del plazo de 30 días que tiene para su trámite.
A su vez, una segunda sesión fue convocada por Centeno, para las 15:30 para recibir a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira; al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Julio José Neira; y a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo, con el objetivo de que brinden aportes a la iniciativa del Ejecutivo.
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Las sesiones fueron convocadas de manera presencial, en el quinto piso del Palacio Legislativo, en Quito.
¿Qué propone el proyecto de ley urgente?
La iniciativa para el control de flujos irregulares de capitales busca establecer mayores controles sobre el financiamiento y funcionamiento de las fundaciones y organizaciones internacionales.
La propuesta del Gobierno pretende que las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil sean supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Se plantea que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o entidades sin fin de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operan en el territorio nacional, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y esta ley.
En el proyecto se incluyen infracciones que podrían cometer las fundaciones, como el uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales; el incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos y obstaculizar la labor de control de la Superintendencia.
El proyecto de ley también reforma el impuesto a la renta en la distribución de dividendos o utilidades, e incorpora un nuevo impuesto sobre las utilidades que no son distribuidas a los accionistas de las empresas. El texto no toca a las utilidades del 15 % que se reparten a los trabajadores.
Lo que se plantea es fijar un impuesto a la renta único del 12 % sobre el importe del monto de utilidades que se distribuya a los accionistas. Estarán sujetos a esto las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador.
Se aplicará una tarifa del 10 % si los dividendos se entregan a no residentes en el país. Sin embargo, la tarifa será del 14 % si en cualquier nivel de la cadena de propiedad hay un residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición; y si se detecta que el beneficiario final del dividendo es un residente en Ecuador.
(I)