Ley urgente de Integridad Pública es remitida al Ejecutivo en medio de cuestionamientos de la oposición

La Asamblea Nacional remitió, este miércoles 25 de junio, al Ejecutivo el proyecto de ley urgente de Integridad Pública en medio de cuestionamientos de sectores de oposición respecto a supuestas violaciones de procedimiento legislativo, que podrían motivar acciones posteriores una vez que entre en vigencia.

La normativa reforma 20 cuerpos normativos que rebasan el Sistema Nacional de Contratación Pública, que era el objetivo de este proyecto. Se modifican varios artículos del Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y más.

Legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y un sector del movimiento Pachakutik (PK) objetan la forma en que se aprobó el segundo proyecto urgente remitido por el presidente Daniel Noboa Azín, aunque también observan parte del contenido del texto.

Una vez remitido el proyecto al Ejecutivo, el presidente Noboa tiene 30 días para pronunciarse, ya sea enviarlo a publicación en el Registro Oficial u objetar el contenido.

El asambleísta Franklin Samaniego, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), indicó que con lo sucedido el martes pasado, lo que hizo el sector de gobierno y sus aliados es develar cuál es su filosofía: primero silenciar a quienes tienen una voz disonante a lo que ADN plantea.

Segundo, violentar los procedimientos legislativos y la Constitución, pues son 19 cuerpos normativos los reformados en una ley urgente económica, inclusive saltándose el procedimiento legislativo sin que haya debate y que se cumpla lo que determina la ley: dos debates en la comisión.

Samaniego tildó de “precoz”, al legislador Andrés Castillo (ADN), quien presentó la moción, que a criterio del representante de RC, violentando la ley orgánica de la Función Legislativa e incluye textos a un informe que no ha sido conocido o debatido por el pleno de la Asamblea Nacional. Cuando esos textos, incluidos a última hora debieron regresar a la mesa, recogerlos y luego sometidos a votación.

Aquí tras la aprobación del proyecto urgente habrá que preguntarse las consecuencias como qué es lo que pasa con la estabilidad de los trabajadores del sector público? ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes infractores?, cuando la Unicef advierte de violaciones no solo de la Constitución sino de la Convención de los Derechos del Niño.

Dijo que lo aprobado por la Asamblea se constituye en una ley “trole”, similar a lo que se aprobó en épocas nefastas; y advirtió que las dos leyes urgentes dan demasiados poderes al presidente para que legisle vía reglamentos y ajuste la ley a su favor.

Samaniego anunció que la bancada se reunirá para deducir acciones, aunque indicó que algo está pasando porque las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el correísmo están siendo denostadas; por eso, consideran que la sociedad civil debería presentar las acciones de inconstitucionalidad

El representante del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional Alfredo Serrano destacó que el PSC en el tema de adolescentes infractores constituye una lucha iniciada en el 2022, pero que es lamentable que se siga manteniendo la condición de adolescentes, porque se los juzgará con el Código de la Niñez, y van a ir a una cárcel de adolescentes infractores.

Las penas máximas son de 15 años, cuando para adultos son de 30 años. Aunque no se logró el objetivo que buscaba el PSC, al menos se avanzó en algo, porque ya no serán ochos años de cárcel, sino de quince para los adolescentes que cometan delitos atroces.

Respecto a acciones de inconstitucionalidad por el contenido y la forma de aprobación de la ley urgente de Integridad Pública, no está en el radar del PSC, pero dijo que plenamente se justificaría una acción por la forma y fondo, porque es evidente que en la ley urgente no existe unidad de materia y hay varios errores como incluir una serie de artículos sin ser debatidos.

“Nosotros no tenemos planificado presentar demandas de inconstitucionalidad, creo que las están presentando la sociedad civil y eso será suficiente”, subrayó Serrano, quien insistió que existe una clara violación a la ley orgánica de la Función Legislativa y del procedimiento parlamentario, cuando se incluyó un grupo de reformas a última hora motivadas por el legislador, Andrés Castillo (ADN). Lo que procedía es que el texto regrese a la comisión y se incorporen las observaciones; pero “lamentablemente se impusieron los votos por encima de lo que manda la ley orgánica de la Función Legislativa. Es más, una apelación a la presidencia es de acción inmediata, y no luego de los resultados de una votación”, anotó el legislador nacional del PSC.

Este tipo de procedimientos, añadió Serrano, son obviamente autoritarios y por otro lado, violatorios al procedimiento y a la ley de la Función Legislativa.

El asambleísta Álex Toapanta, de un sector de Pachakutik, recalcó que se violó el procedimiento parlamentario, lo cual se sienta precedentes nefastos dentro de la Asamblea Nacional. Son más de 20 cuerpos legales que se reforman en un solo proyecto urgente, y lo más nefasto es que se desconoció “los cuerpos jurídicos internacionales, porque la Unicef ya levantó alertas”.

Dijo que toda normativa que se aprueba en la Asamblea, debe estar acorde con la Constitución y también a los instrumentos internacionales cuando se tratan temas sensibles. Y por otro lado, hubo una “mescolanza entre inseguridad y el tema de la delincuencia, y el caso de la ley de Contratación Pública”.

(I)