En el interior de la Asamblea Nacional, las distintas fuerzas políticas aún evalúan, junto con sus equipos técnicos, una postura frente a los cinco anuncios realizados por el Gobierno a través de su vocera, Carolina Jaramillo. Las medidas incluyen acciones en el sector minero, la focalización del subsidio al diésel, la fiscalización a tres empresas públicas y la transparencia en el costo del servicio eléctrico para el sector industrial.
Para el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), son medidas acertadas las tomadas por el Gobierno, en tanto que el sector de oposición de la Revolución Ciudadana (RC) espera un análisis antes de tomar una posición respecto de los anuncios realizados este lunes 2 de junio.
Publicidad
En tanto que el Partido Social Cristiano, a través del legislador nacional Alfredo Serrano, resalta las decisiones tomadas por el régimen en cuanto a focalizar el subsidio del diésel y del consumo de energía eléctrica para el sector industrial.
El PSC siempre ha estado a favor de eliminar el subsidio del diésel que ahora se ubica en un aproximado de $ 1.500 millones; pero se debe mantener la focalización a los pequeños pescadores, los pequeños agricultores ganaderos, al servicio de transporte público de pasajeros, afirmó Serrano.
Publicidad
“A los socialcristianos nos parece bien que se eliminen los subsidios de energía eléctrica para el sector industrial”, afirmó el representante del PSC tras señalar que el subsidio debe estar focalizado para la gente que necesita.
En torno a las auditorías a las empresas públicas como Petroecuador, CNEL y Celec, dijo que estas debieron haberse aplicado hace años, porque incluso se decía que era parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) que haya balances de Petroecuador. Espero que este tipo de anuncios ojalá se concreten, porque este tema de balances a las empresas se ha escuchado en todos los gobiernos.
Son cinco las acciones anunciadas por el Gobierno de Daniel Noboa:
- La creación de la primera tasa de fiscalización para el sector minero, cuyos recursos financiarán el control técnico y ambiental.
- Implementación del catastro minero por fases, enmarcada en la lucha contra la extracción ilegal.
- Auditorías financieras, forenses y de revalorización de activos a Petroecuador, CNEL y Celec.
- Eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, esto no aplica para embarcaciones de pesca artesanal.
- Transparentar el costo del servicio de energía eléctrica para los grupos clasificados en el Alto Voltaje y Medio Voltaje. Este ajuste no aplica al sector residencial.
Al sector de Pachakutik le preocupa el tema minero. La asambleísta Mariana Yumbay dijo que su organización política y la Conaie analizarán las decisiones del Ejecutivo sobre el tema minero, pues afirma que los grandes problemas, ahora presentes a nivel nacional, son precisamente los procesos extractivos o proyectos mineros llevados adelante sin el derecho a la consulta previa, libre e informada. Con lo anunciado por el Gobierno vendrán días muy duros para los pueblos y las nacionalidades, advirtió.
Cuestionó que este tipo de medidas tomadas por el régimen no fueron siquiera consultadas con el sector indígena, pues afirma que nada de los temas anunciados en el campo minero es favorable para los derechos de la naturaleza. Todos estos temas deberían tocarse antes de abrir el catastro minero, que terminará afectando a los pueblos; por lo tanto, será la Conaie y toda la estructura la que convocarán a las correspondientes asambleas donde se discutirá toda esta temática y habrá que ver cuál es la decisión definitiva del Ejecutivo y a partir de aquello analizar dentro del movimiento, pero “sí nos preocupa muchísimo el tema minero”, anotó.
El experto en minería René Ayala considera positivo que el Gobierno tome medidas respecto de la minería ilegal y al mismo tiempo obtenga los recursos que necesita precisamente para hacer ese control técnico y ambiental.
Dijo que acciones de fiscalización del sector minero permitirán fortalecer a las instituciones de control, porque actualmente no existen fondos.
La ventaja de estas decisiones es que la tasa de fiscalización no se cobra al pequeño minero, y que el impuesto a la industria minera es justificable porque habrá acciones para el control de la minería ilegal.
Respecto del catastro minero, el experto en el área sostiene que el Gobierno, a través de un decreto, debería eliminar la disposición emitida en el 2018 realizada por el exmandatario Lenín Moreno sobre cerrar el catastro minero.
La ventaja de establecer un catastro minero es permitir la participación del inversionista nacional y extranjero, anotó. (I)