El trámite del proyecto de ley urgente remitido por el Ejecutivo para desarticular las economías criminales aún espera la asignación de la comisión permanente que será la encargada de elaborar el informe para primer debate, pero las organizaciones políticas ya anticipan su criterio.
Mientras asambleístas del oficialismo resaltan las bondades de la iniciativa del Gobierno, el sector del correísmo realiza críticas y advierte de inconstitucionalidades en la propuesta.
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El proyecto tiene dos componentes, uno económico y tributario con el que se pretende crear incentivos y exenciones de impuesto, y el otro, componente es el penal, donde se busca definir reglas y sanciones contra el conflicto armado interno.
El legislador nacional por la bancada Revolución Ciudadana (RC) Franklin Samaniego manifestó que a más de su bloque legislativo hay muchos analistas y además existen sentencias de la Corte Constitucional sobre las características de un proyecto de ley económica urgente, pues no se puede hablar en una ley económica de reformas penales, crear jueces especializados cuando ni siquiera se nombran los jueces constitucionales que fueron autorizados en consulta popular.
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Además, dijo que se pretende dar paso a los allanamientos sin autorización judicial, lo cual estaría en contra de lo determinado en el artículo 66 de la Constitución, o en el caso de las detenciones que vulneran el artículo 77 de la Constitución, juicios acelerados, lo que hace es encender alertas de que hay una orientación para perseguir, la previsión, la prisión preventiva que también violenta, el artículo 77 de la Constitución, y así nuevas atribuciones a la UAFE.
Resaltó que en la propuesta de ley hay vulneraciones constitucionales muy graves, pues no existen las características determinadas por la Corte Constitucional para que se haga económico urgente; y luego, las vulneraciones de la Constitución.
La representante de la bancada ADN por Pichincha Nathaly Farinango manifestó que el proyecto pretende cerrar el grifo a la delincuencia organizada y evitar que sigan utilizando el dinero para seguir atacando a las familias ecuatorianas, para que continúen regando la sangre de las familias en las calles.
Resaltó que el proyecto se enmarca en la Constitución, y que está bien que haya posturas diferentes, pero que estas deben enriquecer el proyecto de ley a través de un debate amplio y responsable con la postura de cada uno de los legisladores.
Insistió en que la ley en trámite no busca violentar ningún derecho, más bien pretende garantizar la defensa de la vida de las familias del país.
Dijo que combatir el crimen organizado con mano dura y con una postura firme del Gobierno nacional necesita del apoyo legislativo y de las otras funciones del Estado para proteger la vida de las familias del país.
El debate recién se va a iniciar el día de hoy internamente entre los legisladores, pues el CAL calificará el proyecto urgente y remitirá a una de las comisiones económicas.
Farinango señaló que la urgencia económica se justifica cuando economías criminales dentro del país tienen incluso más dinero para financiar los delitos y hacer daño a las familias.
Dijo que el Estado no puede combatir al crimen organizado sin esta legislación remitida al Legislativo. Invitó a todos, independientemente de la fuerza política, para que contribuyan con su voto en la aprobación de este primer proyecto de ley remitido.
El sector del PSC no pondrá mayores reparos si el contenido del proyecto va en función del título de la propuesta, esto es “ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”.
El documento remitido tiene algunos problemas, pero estos podrían resolverse en el debate, señalaron desde el PSC, aunque todavía realizan las consultas respectivas sobre el contenido; por ejemplo, en el tema de allanamientos sin necesidad de declaratoria de un estado de excepción.
La asambleísta Carmen Tiupul, de la bancada de Pachakutik, dijo que están revisando la propuesta del Ejecutivo. “Nosotros vamos a apoyar todo proyecto de ley que combata a la corrupción y el crimen organizado”, agregó.
Sin embargo, aclaró que los proyectos de ley tienen que cumplir con la Constitución y hay textos que tienen muchos vacíos, pues dijo que hay un par de artículos que preocupan a Pachakutik y realizará las observaciones correspondientes. Agregó que siempre defenderán los derechos conseguidos y no pasará nada que violente la Constitución.
Consideró que este proyecto de ley sí es urgente, porque la inseguridad todavía campea. Pues el país necesita de leyes que sean rigurosas, pero que no violenten los derechos, por ejemplo, los allanamientos sin cumplir un debido proceso, no es adecuado. También preocupa el tema de los indultos, por lo tanto, se harán las observaciones correspondientes, afirmó la legisladora.(I)