La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la noche del domingo 29 de junio, aprobó con siete votos el informe de primer debate del proyecto urgente para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del sistema nacional de áreas protegidas que permite la participación de la fuerza pública en los sitios donde haya presencia de grupos criminales.
La mesa presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN), se tomó dos días para afinar los textos y se introdujeron varios cambios como la creación de una empresa pública denominada Servicio Nacional de Áreas Protegidas SNAP-EP, y quien debe crearla es el Presidente de la República que será la responsable del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, misma que tendrá la potestad de constituir fideicomisos públicos para administrar los recursos del sistema.
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El fideicomiso estará alimentado por donaciones nacionales e internacionales, préstamos, rendimientos y demás los rendimientos que generan los proyectos impulsados del propio SNAP-EP.
Entre las funciones del SNAP están la declaración de las áreas protegidas y el control de las actividades que se ejecuten dentro de estas.
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Según Centeno, esta ley permitirá entre otras cosas proteger las reservas naturales de la minería ilegal.
Se mantiene la seguridad en áreas protegidas para que participe la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y de esta forma garantizar la protección del sistema en zonas con presencias de grupos criminales y se ordena la elaboración de un plan integral de seguridad en estas instituciones y el SNAP.
El proyecto, que no supera la docena de artículos, incluye también disposiciones transitorias y reformatorias en las que se introducen cambios a otras normativas vigentes, como la Ley de Régimen Tributario Interno, que permite al Presidente de la República reducir la tarifa del IVA del 15% al 8% en los feriados, sin límite de días en el año.
A última hora se eliminó la disposición reformatoria que cambiaba el artículo 123 del Código de la Democracia que reducía de 36 a 12 horas el tiempo de la conocida ley seca, que se aplica en las elecciones.
También se establece la posibilidad de la asociación de actividades de la empresa pública con el sector privado y comunitario para que desarrollen proyectos relacionados con el sistema nacional de áreas protegidas y expresamente se establece que cuando debe existir una consulta prelegislativa deberá hacérsela y que además esta delegación no confiere titularidad ni exclusividad sobre el territorio o sus recursos.
Se incluye un texto referente a la cooperación con pueblos y nacionalidades para la figura de cooperación mediante la cual la empresa pública podrá ceder el uso temporal de la infraestructura o espacios dentro de áreas protegidas a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Respecto a los guardaparques se incluye una reforma para que sean reconocidos como servidores públicos especializados en conservación con funciones de control, vigilancia, educación ambiental y respuesta ante amenazas.
Los guardaparques deberán promover su profesionalización mediante una carrera técnica y mecanismos de protección laboral, priorizando la contratación de personas de comunidades locales históricamente vinculadas a las áreas protegidas.
Otras disposiciones
En el texto de primer debate, el proyecto urgente incluye algunas disposiciones respecto a otras leyes, por ejemplo:
- Se establece la condonación a la pesca artesanal, es decir, una condonación del 100% de las deudas pendientes por arrendamiento de infraestructura de puertos y facilidades pesqueras artesanales.
- La Corporación Financiera Nacional (CFN) efectuará la remisión del pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias de primer piso que personas naturales o jurídicas hubieren contraído con dicha entidad bancaria. Esta remisión se aplicará a operaciones de crédito que se encuentren vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
- Se elimina el límite anual de días de feriados en que el Presidente de la República puede reducir la tarifa del IVA del 15 % al 8 % a la prestación de los servicios y actividades turísticas.
- Facilitación migratoria, se permite que la autoridad de turismo reconozca visas de otros países como válidas para ingreso a Ecuador. Ejemplo: permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos con visa estadounidense.
- Facilidades en procesos de remate, se permite que personas en procesos de remate puedan presentar propuestas de pago para evitar la pérdida total de sus bienes.
(I)