La Asamblea Nacional investigará al legislador Fabricio Villamar (IND) por detectarse irregularidades en la obtención del carné de discapacidad y beneficiarse, pero en la resolución aprobada no acogió la sugerencia de la Comisión de Salud que recomendaba tres juicios políticos a funcionarios y exfuncionarios.

En la sesión virtual 696 del 23 de marzo, la Asamblea conoció el informe presentado por la Comisión de Salud presidida por el asambleísta William Garzón (AP), con fecha 19 de octubre de 2020. Garzón reclamó que el documento se conozca en el pleno a los cinco meses de presentado.

La legislatura con 125 votos a favor aprobó una resolución con ocho puntos, en la que se conoce el informe de la investigación sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad a legisladores y sus familiares.

En uno de los puntos recomienda investigar al asambleísta Fabricio Villamar, por detectarse irregularidades en la obtención de la credencial, que a su vez, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas, quienes son responsables políticamente, ante la sociedad, por sus acciones u omisiones. La denuncia en contra de Villamar deberá presentarla el legislador Rodrigo Collaguazo (antes de AP), quien impulsó el texto de la resolución.

El informe de la Comisión contenía 39 recomendaciones, entre ellas, iniciar juicios políticos a tres funcionarios y exfuncionarios, a los ex ministros de Salud Catalina Andramuño y Juan Carlos Zevallos; y a Xavier Torres Correa, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, por incumplimiento de funciones.

Aunque el plazo para enjuiciar a Andramuño venció el pasado 21 de marzo, cuando ella cumplió un año de su renuncia al cargo, y la Constitución determina que un exministro puede ser llevado a juicio hasta un año después.

Informe y recomendaciones sobre la investigación que realizó la Comisión de Salud respecto a los carnés de discapacidad

La resolución aprobada por la Asamblea exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad establecer políticas, normativas y medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad, especialmente con el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

Además solicitan al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades; lo que se será remitido a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.

Contenido del informe

La investigación sobre la emisión irregular de carnés de discapacidad se inició el 14 de julio de 2020. Entre los hallazgos se determinó que hubo funcionarios no acreditados y sin perfil para calificar la discapacidad de unos 3.000 carnés que se emitieron en el periodo de la pandemia. Que los porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; además que hubo una emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.

También se detectaron expedientes carentes de exámenes y certificados de especialistas; uso del mismo examen, informe, certificado médico para calificaciones de varias personas; se detecta que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.

Se determinó que 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública, en su periodo laboral emitieron 29.708 carnés, de los cuales 3.000 carnés corresponden al periodo de pandemia; 1.650 están en proceso de notificación, 1.140 carnés en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 carnés emitidos fraudulentamente. A la fecha de elaboración del presente informe, dichos servidores fueron desvinculados mediante sumarios administrativos.

La investigación fue motivada por una resolución de la Asamblea en julio 2020, donde se pidió que se indague la entrega de carnés a los asambleístas y sus cónyuges a partir del año 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia.

Sobre la obtención de carnés a favor de los asambleístas, la Comisión concluyó que en el periodo 2013 al 2017, los asambleístas con carné de discapacidad son: Marcia Arregui Rueda; Richard Wilson Farfán Aponte, María Cristina Kronfle Gómez, Óscar Oswaldo Larriva Alvarado, Esther Flavia Ortiz Gaspar, Luis Fernando Tapia Lombeyda y Edmundo Ramiro Tenelema Romero.

Que en el periodo 2017 al 2021, los asambleístas con carné de discapacidad son los siguientes: Marcia Arregui Rueda (antes de AP); Israel Cruz Proaño (IND); Ramón Terán Salcedo (PSC); y, Fabricio Villamar Jácome (IND).

De la información remitida por parte del ministerio, añade el informe, se establece que se han detectado presuntas irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Fabricio Villamar Jácome, aspecto impugnado en sede administrativa, según consta del Memorando Nro. AN-VJPF-2020-0072-M de fecha 13 de septiembre de 2020.

En la comparecencia de los asambleístas Marcia Arregui Rueda, Israel Cruz Proaño, Ramón Terán Salcedo y Fabricio Villamar Jácome, en la que debían justificar la obtención de carnés de discapacidad, la generalidad manifestó haberlos gestionado y obtenido de acuerdo con la tipología de su discapacidad, con excepción del asambleísta Fabricio Villamar, quien argumentó que remitiría la documentación, una vez que le sea entregada por el Ministerio de Salud Pública.

La Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador informó que en el periodo enero de 2013 al 12 de agosto de 2020 han existido cuatro importaciones de vehículos en el arancel del Ecuador denominado bienes para uso de discapacitados a nombre de los asambleístas y exasambleístas: Carlos Manuel Camacho Coloma (2017), Farfán Aponte Richard Wilson (2014), y de los actuales legisladores Israel Cruz Proaño (2014) y Fabricio Villamar Jácome (2020).

También se detectó que en el Consejo de la Judicatura existen 703 servidores, de los cuales 104 son jueces, 42 agentes fiscales y 19 notarios, que tienen carné de discapacidad, sobre los cuales no se ha escuchado ningún pronunciamiento, ni de parte del Ministerio de Salud Pública, ni de la Fiscalía General del Estado, señala el informe.

En el informe se concluye que las denuncias efectuadas por los medios de comunicación mediante notas periodísticas no contrastadas, referentes a la obtención de los carnés de discapacidad, fueron utilizadas para desinformar, estigmatizar y revictimizar a las personas con discapacidad, incluida la totalidad de asambleístas, cuando la información remitida, en los dos periodos legislativos (2013-2017 y 2017-2021), apenas 11 autoridades de la Función Legislativa constan con carné de discapacidad. (I)