La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional con ocho votos aprobó el informe para primer debate del proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública con algunas modificaciones a la propuesta inicial del Ejecutivo, incluido el nombre, pues en adelante se llamará Ley Orgánica de Integridad Pública.
La mesa se reunió este jueves, 12 de junio, para discutir el texto del informe, pero antes recibió al legislador Andrés Castillo (ADN), quien planteó la inclusión de varios textos al proyecto urgente referente al juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos y el endurecimiento de las sanciones por prevaricato para jueces, fiscales y abogados, en este último se propone la inhabilidad de por vida para ejercer la profesión de abogado.
A la sesión virtual se incorporaron varios legisladores que no eran parte de la mesa para participar en el debate antes de la aprobación del informe.
Publicidad
La presidenta de la mesa, Valentina Centeno (ADN), sintetizó el alcance del proyecto urgente y anunció la incorporación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
Expuso que la Ley de Integridad Pública fortalece el sistema de contratación pública al establecer controles automatizados, exigir certificación técnica de los operadores y garantizar trazabilidad y transparencia a través de un portal único que puede operar con inteligencia artificial. Además, prioriza la participación de los actores de la economía popular y solidaria, así como de las micros y pequeñas empresas, lo que asegura procesos más inclusivos, eficientes y libres de corrupción.
Asimismo, anotó que las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) impulsan una administración más profesional, transparente y confiable al establecer innovadoras evaluaciones periódicas de desempeño. De igual forma, se incorporan mecanismos como las pólizas de fidelidad y reglas específicas para el teletrabajo, lo que fortalecerá la integridad institucional y asegurará que el talento humano público actúe con eficiencia, responsabilidad y compromiso ético.
Publicidad
Otras reformas relevantes
Como reformas relevantes destacó aquellos cambios que se incluirán en el Código Orgánico Integral Penal relacionados con la incorporación del delito de prevaricato no solo para jueces y árbitros, sino también para fiscales, quienes estarían inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado. En el mismo sentido se contempla el delito de prevaricato asociado a abogados.
A su vez, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras, vinculadas a la duración del internamiento preventivo, prescripción de las acciones por delitos sancionados con penas superiores a diez años prescribirán en el mismo tiempo. Así también, las reglas para el desarrollo de la investigación previa y la instrucción fiscal, las medidas socioeducativas que protegen a la víctima, a la sociedad y al desarrollo de los adolescentes infractores.
Publicidad
Los ocho votos a favor del informe provinieron de la bancada de ADN, que suma seis integrantes, y de los asambleístas Sergio Peña y David Arias, quienes fueron expulsados de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Hubo dos abstenciones de los delegados del sector de RC Mabel Méndez y Diego Salas.
La legisladora de RC Mabel Méndez señaló que el proyecto que se debate, a pesar de los fines loables de combatir la corrupción y modernizar la gestión pública, adolece de una clara falta de unidad de materia, lo cual compromete su constitucionalidad, establecida en el artículo 136 de la Constitución.
Enfatizó que no se puede, bajo el pretexto de urgencia económica, legislar simultáneamente sobre contratación pública, régimen penal de adolescentes infractores, reforma administrativa y expropiaciones sin caer en dispersión ni vacíos legales que terminarán afectando más de lo que corrigen.
Respecto a la economía popular y solidaria, dijo que en el informe se omiten garantías claras para su participación efectiva y se eliminan herramientas de contratación preferente. Esto vulnera el artículo 288 de la Constitución, que prioriza justamente estos actores locales, y preguntó a la mesa dónde queda el trabajo de miles de artesanas, campesinos y colectivos comunitarios que han sostenido las economías locales en tiempos de crisis.
Publicidad
Por lo tanto, indicó que en las reformas a la Losep no pueden pagar “justos por pecadores”, pues percibe que se pretende despedir masivamente al servidor público honesto, pues se parte de la premisa de que podría haber corrupción por el solo hecho de serlo.
El proyecto de ley pasará a conocimiento de la presidencia de la Asamblea Nacional para que a su vez sea remitido a todos los legisladores y, luego de ello, se convoque al pleno para su trámite. (I)
