El Gobierno, a través de la Comisión de Fiscalización, activó un proceso de fiscalización para cercar a los operadores de justicia que disponen, vía medidas sustitutivas, la liberación casi inmediata de delincuentes, asesinos y extorsionadores que son aprehendidos en los operativos de seguridad.
En el primer día de comparecencias ante la mesa de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), acudieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, quienes mostraron las cifras de los operativos, número de detenciones, actuaciones de los fiscales y jueces, en los que se estableció que casi mil miembros de la fuerza pública se destinan para custodiar a delincuentes que por pedido de fiscales y decisión de jueces tienen arresto domiciliario.
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El ministro Reimberg dijo que los 58.000 uniformados llevan 17 meses combatiendo al crimen organizado, pero llega un punto en que el trabajo desarrollado se ve mermado por errores procesales inaceptables, medidas ineficientes que permiten que los delincuentes queden libres.
Ante los asambleístas describió el caso de los cuatro secuestrados en Guayaquil, ocurrido el 29 de mayo, y que fueron localizados el 6 de junio en una cisterna en Nueva Prosperina, en esa ciudad. Las víctimas eran un comerciante de origen asiático y tres ecuatorianos. El caso fue público, se capturó a dos personas vinculadas con el secuestro, pero quedaron libres con medidas sustitutivas y más adelante cometieron otros secuestros. Las cuatro víctimas fallecieron en la cisterna.
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Cuando se averiguó en qué se basó el juez para dictar medidas sustitutivas, se determinó que “son personas honorables porque presentan un recibo de agua potable pagado, y quedó en libertad”. Como este hay muchos casos, replicó Reimberg.
“No permitiremos que medidas sustitutivas se conviertan en una puerta giratoria, que es lo que hoy sucede, que se libera a quienes secuestran, extorsionan, torturan y matan. No es aceptable que con evidencias de violencia extrema se aplique arresto domiciliario”, afirmó el ministro del Interior.
Dijo que hoy más de 275 personas tienen arresto domiciliario por asesinato, secuestro y extorsión, ninguno de ellos tiene problemas de salud o edad avanzada. Además, para conceder la medida, los jueces no toman en cuenta el lugar donde se va a llevar a cabo el arresto domiciliario, y por cada arresto domiciliario hay un servidor policial que tiene que custodiar las 24 horas al delincuente, y el policía debe cuidar al asesino en su barrio que está rodeado de los grupos delictivos.
Reimberg dijo que llamó la atención que el día que tuvo una reunión con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura nunca le hablaron del problema principal que existe en la justicia: la corrupción en los jueces y fiscales.
Por arresto domiciliario, agregó el ministro de Interior, al momento la Policía destina cerca de 800 servidores policiales.
Entre enero de 2024 y el 9 de junio de 2025, fueron aprehendidas 104.218 personas. Solo en lo que va del año son 33.069, de las cuales 9.932 quedaron libres con medidas sustitutivas.
El actual Gobierno, añadió Reimberg, recibió un sistema carcelario con cerca de 33.000 personas y hoy existen 34.000; pero que esa matemática no cuadra, dónde están las 104.218 personas detenidas. Quienes no están cumpliendo con el Ecuador son los operados de justicia, afirmó.
Frente a ello, el ministro del Interior anunció: “Cada caso que llevemos ante la justicia y que ese delincuente logre salir en libertad, voy a decir qué juez y qué fiscal actuaron con nombre y apellido, como ya lo hice cuando hubo un juez que trató de contactarse conmigo. Se acabó ese miedo. Aquí la gente y el Ecuador tienen el derecho a conocer quiénes son”.
Por eso insistió en que el Gobierno en un trabajo en conjunto con la UAFE revisarán los patrimonios de jueces y fiscales, de aquellos que han dado libertad a delincuentes, para eso habrá una articulación entre instituciones
Dirigiéndose a los asambleístas, el ministro los invitó a trabajar junto con el Gobierno para corregir el sistema de justicia, pues en Ecuador no se puede permitir que jueces y fiscales den libertad con medidas sustitutivas para beneficiar a delincuentes.
El ministro del Interior insistió en que se debe exterminar la corrupción en la justicia, y ante la prensa reiteró que dará los nombres y apellidos de los jueces y fiscales que dejan en libertad a los delincuentes y fiscales.
A los políticos les dijo: ¡Basta ya de querer politizar la seguridad! y “dejen esa payasada” de decir que por la seguridad van a lograr algún puesto o alguna alcaldía, pues el Ecuador no requiere eso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que la investigación continuará y para el miércoles 18 de junio se espera la comparecencia del ministro de Defensa, del jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas; luego serán invitados la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado.
Álvarez dijo que mantendrá una fiscalización abierta que coadyuve a la lucha contra el crimen organizado. “Nosotros, desde la Asamblea Nacional, vamos a estar pendientes de más casos que se lleguen a evidenciar sobre jueces y fiscales, no solo de primer nivel, sino también de tribunal y sala, que liberan a delincuentes”, advirtió.
Luego de las comparecencias, añadió el legislador de ADN, se elevará un informe y si “existen jueces y fiscales que hayan liberado delincuentes y no tengan quejas, no tengan denuncias, nosotros desde aquí las vamos a plantear y las vamos a presentar”, anunció Álvarez.
No descartan que se formulen reformas al Código de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, pues cuando los jueces y fiscales son denunciados dura un año en establecerse el proceso con la sanción.
La asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana Ana Herrera insistió en que el Gobierno poco ha avanzado en el combate a la delincuencia organizada. “Todos los días “tenemos asesinatos, extorsiones, robos”, lo cual se ha convertido en algo habitual, dijo.
Agregó que este problema es político, porque tiene que ver con política pública en torno a los temas de la inseguridad. “Lo que no es y lo que no vamos a volverlo nunca es político partidista, porque eso sí sería una irresponsabilidad”, afirmó Herrera.
Planteó que se convoque al contralor del Estado y al director de la UAFE, para que presenten los informes realizados a jueces y fiscales. La legisladora dijo que se deberían hacer públicos los nombres de los jueces y fiscales corruptos, y no solo eso, sino ser separados de las instituciones en las que están. (I)