FF. AA. preocupadas por actuación de los jueces y fiscales que facilitan la libertad inmediata de miembros de grupos armados organizados

La actuación de la justicia no está en sintonía con el esfuerzo militar ejecutado en el marco del conflicto armado interno, que desde enero de 2024 se aprehendió a más de 6.000 posibles miembros de los grupos armados organizados, pero que muchos de ellos fueron liberados casi de inmediato.

La información la proporcionó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que inició una investigación sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno.

Loffredo dijo que desde que el presidente de la República reconoció la existencia de un conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas asumieron un rol activo y protagónico, apuntando como objetivos estratégicos a la recuperación del control territorial, la intervención de los centros de privación de libertad y la captura de líderes y miembros de los grupos armados organizados.

Pero, dijo el funcionario, el hecho reiterativo sobre la liberación casi inmediata de los capturados, inclusive muchos de ellos aprehendidos en actos de flagrancia, es un patrón que preocupa a todos y en especial a la institución militar y al Gobierno nacional.

Las Fuerzas Armadas, anotó, capturaron a más de 6.000 posibles miembros de los grupos armados organizados. Todos entregados a la autoridad competente, cumpliendo con los procedimientos y protocolos establecidos para tal efecto. No obstante, resulta evidente que la actuación de la justicia no está en sintonía con todo el esfuerzo militar ejecutado.

Ejemplos de esto hay varios cada semana, anotó el ministro de Defensa, pues numerosos casos ampliamente cubiertos por los medios de comunicación revelan que las decisiones de jueces y fiscales resultan incomprensibles. Es aún más preocupante cuando se revelan casos de corrupción en los operadores de justicia.

Decisiones cuestionables de jueces y fiscales ponen en evidencia esta preocupante separación de propósito entre la gravedad del contexto nacional y funcionarios que eligen el dinero fácil, anotó el ministro, quien sostuvo que a esto se añaden las artimañas empleadas por los mismos operadores. Resulta ser que los errores procesales por la supuesta debilidad probatoria que derivan en cuestionables actos de sobreseimiento no son errores ni tampoco significa que no se cometió un crimen o un delito, sino “que en realidad se trata de pactos y arreglos entre el crimen, abogados protervos y funcionarios judiciales sobornados”.

Afirmó que existe una amarga desazón en la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema que administra la justicia. “El país enfrenta una amenaza estructural que se viene amalgamado desde que gobiernos defensores de guerrilleros, narcos y pandilleros tomaron decisiones en contra de la población ecuatoriana”, apuntó el ministro Gian Carlo Loffredo.

Dijo que el asentamiento de bases militares de países aliados, el aceptar recursos provenientes del narco para el financiamiento de sus campañas políticas, el incluir y encubrir entre sus filas a delincuentes como figuras políticas hoy pasan facturas. El crimen organizado pone a prueba las bases mismas del Estado; “frente a esto, las Fuerzas Armadas no pueden ni deben combatir solas”, anotó.

Indicó que el país necesita un sistema de justicia sólido, probo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos. Un sistema que acompañe a la lucha diaria de todas las instituciones y así proteger de manera efectiva a los ciudadanos, militares y policías. Es decir, se necesita un sistema que no sea funcional a los intereses de las mafias, puntualizó. (I)