Con 79 votos a favor, 56 negativos y 6 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la fiscalización a la presunta emisión irregular de matrículas por parte de las entidades municipales encargadas de las competencias de tránsito, que se atribuyen a grupos de delincuencia organizada (GDO).
El documento no vinculante que se debatió y votó en el pleno del Parlamento, este miércoles 22 de abril de 2026, fue elaborado por la Comisión de Fiscalización.
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El texto confirma que grupos de delincuencia organizada han infiltrado diversas agencias municipales de tránsito, aprovechando la laxitud en los controles de acceso a los sistemas de matriculación y la falta de depuración del talento humano en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), mal utilizando la matriculación vehicular como herramienta para la legalización de logística criminal.
“El problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los GAD y seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitió la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”, dice el informe.
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Asimismo, la investigación de la mesa legislativa señala que existe una vulnerabilidad crítica en el sistema AXIS administrado por la ANT, caracterizada por la falta de controles biométricos y la persistencia de usuarios no autorizados en los nodos municipales.
“El modelo de gestión actual de la competencia de tránsito en el nivel municipal es ineficiente para enfrentar las amenazas del conflicto armado interno”, dicta el documento aprobado en el pleno.
El informe de fiscalización también sostiene que la descentralización total de la matriculación, sin un mando centralizado y técnico en materia de ciberseguridad, ha comprometido la seguridad jurídica y personal de los ciudadanos, cuyos datos son vulnerables a ser utilizados en redes de extorsión y otros delitos graves.
A la vez, la Comisión de Fiscalización recomendó al pleno de la legislatura que inicie el trámite de una reforma urgente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), para centralizar la gestión del sistema de matriculación vehicular.
Bajo esta reforma, dice el texto, “el proceso del sistema de matriculación y la administración de la base de datos vehicular volverían a ser competencia exclusiva del Gobierno central a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dejando a los GAD únicamente las facultades de revisión técnica vehicular y control operativo en territorio, siempre y cuando esté sujeta a controles y estándares de supervisión nacional.
El informe también recomienda reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) e incorporar una figura excepcional y temporal de “reversión de competencias por seguridad nacional”.
El debate en el pleno lo abrió el legislador expulsado de Pachakutik y aliado al oficialismo José Nango y continuó con la intervención de los asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) María Paula Villacreses, Luigi García, Fabiola Sanmartín y Ana Belén Tapia.
Los legisladores respaldaron el trabajo de la Comisión de Fiscalización, de la que son parte, y solicitaron aplicar las recomendaciones establecidas en el informe.
“Los hallazgos son contundentes. Se ha determinado que el sistema de matriculación vehicular ha sido utilizado como un mecanismo de legitimación de activos ilícitos y de soporte logístico para el crimen organizado”, dijo Nango, quien presentó la moción para votar por el documento.
Por su parte, Villacreses enfatizó que la Agencia Nacional de Tránsito no puede seguir siendo espectadora de un problema real que afecta a miles de ecuatorianos diariamente. “Hoy debemos decidir de qué lado estamos: si seguimos del lado de un sistema fragmentado o si vamos a luchar para que el Estado recupere el control”, agregó.
Por su parte, Xavier Lasso, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó que este informe tiene un “tufillo politiquero”, pues consideró que esta fiscalización “se inscribe en la política de persecución y acoso a los GAD, que lleva a cabo el oficialismo”.
“Este informe pretende combatir la emisión irregular de licencias y de matrículas que facilita el robo de vehículos y otros delitos. Yo me temo que no, que el real objetivo es volver a atacar a los municipios como parte de la campaña electoral anticipada que ya mal vivimos”, dijo Lasso. (I)