La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el trámite de la ley urgente de competitividad energética remitido por el Ejecutivo, que para la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, es una vía sin retorno y que la normativa busca que nunca más volvamos a atravesar por una época de apagones.
Arrobo fue la primera autoridad del sector en comparecer ante la mesa legislativa, quien empezó señalando que tras un mes de gestión se ratifica que el gobierno de Daniel Noboa recibió un sector eléctrico en terapia intensiva, sin planificación, con racionamientos de cuatro horas y nunca se tomó en cuenta las alertas que se emitieron desde el área técnica desde enero de 2022, y que se subestimaron las necesidades del sector eléctrico.
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Calificado proyecto de ley urgente de competitividad energética y el correísmo lanza sus críticas
En la sesión virtual de la comisión también se conectaron Kathya Delgado, directora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Raúl Urgilés, de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); Javier Guevara, representante del Operador Nacional de Electricidad (Cenace); Rubén Benítez, presidente ejecutivo de Centro Sur; y, Augusto Guerrero, de la Empresa Eléctrica de Riobamba.
Los funcionarios explicaron la situación del sector eléctrico y destacaron la importancia de la aprobación del proyecto urgente y la necesidad de la participación de capitales privados en nuevos proyectos.
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La ministra Arrobo, en su primera exposición, se refirió a la compra de energía a Colombia que dijo llegó a costar 0,64 centavos de dólar por kilovatio hora, porque la generación provenía a base de diésel, pero que el gobierno de Noboa llegó a una negociación para cambiar la fuente de generación, con lo cual se redujo hasta $ 0,28 y que al día 26 de diciembre el costo se ubica en $ 0,13 por kilovatio hora. Y que la campaña de ahorro de energía, implementada en las últimas semanas, se produjo un ahorro del 4 % de consumo de energía eléctrica diaria.
Análisis de la ley
Al iniciar el análisis del proyecto, la Ministra de Energía destacó que esta ley constituye una piedra angular en la transformación energética del país y que “esta ley es una vía sin retorno para poder habilitar y fortalecer el sistema energético nacional, y que nunca más volvamos atravesar por una época de apagones”.
La preocupación de los asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana y de los independientes se centró en la propuesta de delegar, de forma excepcional, a las empresas de capital privado, la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado púbico, lo cual podría ser inconstitucional, según este grupo político.
La ministra del ramo aclaró que la ley no resolverá de inmediato la crisis actual, pero se sentarán las bases para un cambio duradero, eliminando la dependencia de la importación de energía y la dependencia de las condiciones climáticas, tomando en cuenta que en los próximos dos meses viene una crisis energética, porque el estiaje no ha concluido.
Agradeció al sector industrial por el “hombro que arrimado” a partir de su autogeneración y las campañas de concienciación, y además por la apertura que han dado al recambio tecnológico para que no se autogenere únicamente a partir del diésel, sino implementar procesos de innovación.
La ley de competitividad energética será para optimizar el manejo de los recursos públicos y atraer inversión extranjera, pues el Estado no cuenta con los recursos para hacerse cargo del nivel de inversión que necesita el sector y además el tiempo que se tomaría, advirtió.
La funcionaria mostró un listado de 19 proyectos hidroeléctricos con una potencia sobre los 4 megavatios y con una inversión hasta el 2032 de más de $ 5.000 millones; en energía eólica existen cinco proyectos identificados con la empresa privada; cuatro proyectos fotovoltaicos; 1 proyecto geotérmico que se puede ampliar como un proyecto binacional; y, siete proyectos termoeléctricos que generan energía de base. Para este tipo de proyectos se necesita de un aproximado de $ 10.000 millones, y el Estado no está en capacidades, recalcó.
Andrea Arrobo en su exposición advirtió que estar contra de la legislación propuesta en el proyecto urgente, que atrae a los inversionistas para aprovechar los recursos energéticos, es no permitir el desarrollo del país, porque se necesita el paraguas que ampare la estabilidad jurídica de nuevas inversiones.
La autoridad del Ministerio de Energía, dijo que la creación del fondo de eficiencia energética, porque eso permitirá contar con recursos necesarios para iniciativas encaminadas al ahorro de energía con la participación de multilaterales como el BID, la CAF y el Banco Mundial, que a decir de la funcionaria están interesados en tener un mejor manejo de la demanda.
Para ello, se realizarán campañas y un recambio del consumo de energía a nivel nacional; primero que las nuevas generaciones vengan con una consistencia en su forma de ver el uso de la energía y adicionalmente, que quienes no tengan acceso al recambio de energía en ciertos aparatos ineficientes, puedan ser solventados con apoyo internacional y nacional; por ejemplo, cambio de calefones ineficientes, recambio de aires acondicionados, de refrigeradores; pues hay sectores que no pueden cambiar sus aparatos eléctricos desde hace 30 o 40 años, y necesitan que se faciliten esos recambios en los hogar para bajar el consumo energético.
Beneficios tributarios
En su exposición, la ministra de Energía explicó de los beneficios tributarios a los clientes que instalen sistemas de autogeneración y dijo que hay que aprovechar de la apertura que tiene el sector privado para entrar a la autogeneración, por ello, se necesita de una normativa que les otorgue seguridad jurídica y esta se complementa con la nueva ley de eficiencia económica.
Con ello, dijo que el proyecto exonerará por diez años a las nuevas inversiones en energía renovables convencionales y con hidrógeno verde, habrá una una reducción en el impuesto a la renta por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual.
Cuando se habla de condonación de intereses al servicio público quienes más se benefician de esta norma es el sector residencial, puntualizó Arrobo, quien reveló que la deuda total por falta de pago por el servicio de energía suma $ 519 millones y lo que se condonará será $ 79 millones de intereses, que si bien es cierto es un valor alto, pero será mucho más el manejo de la liquidez de las empresas con lo cual mejorará su situación financiera.
Finalmente, recalcó que es imperativo que se tenga que impulsar un ambicioso plan de expansión de generación y transmisión de energía y enfocarse mucho en la demanda de energía en el país. La aprobación de esta ley es una vía sin retorno, esto no tiene marcha atrás, y esto es pensar en el país, es una visión a futuro y con ello se garantiza la atracción de inversiones internacionales que aliviarán tanto la crisis energética como la crisis fiscal que vive Ecuador.
Privatización del sector
El legislador Blasco Luna (RC) pidió mayor detalles sobre los 19 proyectos hidroeléctricos que estarían listos para la inversión externa, y también a la condonación de multas por falta de pagos por el servicio eléctrico dijo que están de acuerdo con el sector residencial, pero puso reparos que se condone al sector industrial, porque a su criterio ya se beneficiaron en la anterior ley de eficiencia económica con la remisión.
Viviana Veloz, también de RC, pidió mayor revisión en la normativa que se pretende implementar porque ya en el 2019 hubo una reforma al servicio eléctrico, y además pidió explicaciones sobre la condonación de deudas que plantea en el proyecto que a su criterio dijo será solo para grupos económicos que forman parte de la cartera vencida.
Otra de las inquietudes del sector correísta se refiere a la excepcional que se pretende implementar en esta norma al delegar a las empresas de capital privado en actividades de servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado púbico. Esto sería inconstitucional, advirtió Veloz, pues según ella, se podría estar incumpliendo lo que señala el artículo 316 de la Constitución.
“Aquí se genera algo de preocupación, porque siempre hemos dicho nosotros que no estamos de acuerdo con la privatización de lo público”, reiteró.
El legislador Pedro Velasco (Avanza) también dijo que a nivel nacional existe preocupación sobre la privatización del sector eléctrico, y pidió aclaración al respecto, aunque a su criterio el proyecto urgente no está orientado hacia esa línea.
La ministra Andrea Arrobo, al responder a esta inquietud de los asambleístas, afirmó que la delegación al sector privado está establecido como excepcional y que en ningún momento se habla de privatización, y son reformas a la ley orgánica de servicio público de energía eléctrica.
Arrobo insistió ante la mesa que no se debe tergiversar el tema, porque es la interacción del sector público con el privado a través de diferentes alternativas como alianzas estratégicas para poder ser un sostén de la generación eléctrica a nivel del país; “nunca se ha hablado de privatización”.
La funcionaria reiteró que si no hay apoyo a esta propuesta el país no podrá afrontar el próximo estiaje y continuarán los apagones. Si el sector privado tiene interés en invertir y el país tiene los recursos; entonces, por qué no hacerlo, preguntó. (I)