La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional inicia un proceso de fiscalización a la operación militar y bombardeo denominado ofensiva total ejecutada en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, en el marco de la fase denominada Ofensiva total, así como las acciones ejecutadas por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás entidades vinculadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La petición de fiscalizar el tema la hizo el legislador oficialista Andrés Castillo (ADN), con el objetivo de evitar “cualquier tipo de suspicacia” en torno a la operación militar que se realizó el 6 de marzo de 2026, en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio.
El legislador al plantear su petición dijo que es fundamental entender que este tipo de operaciones militares deben estar debidamente ordenadas, sistematizadas y organizadas; además de cumplir con el objetivo para el cual fueron planteadas, como tener flancos y blancos específicos de ataque.
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Indicó que se debe evidenciar que esos objetivos de ataque, en efecto, causan mella en los grupos de delincuencia organizada, o que golpean al enemigo.
Comentó que lastimosamente, de un tiempo para acá, esta operación militar ha sido cuestionada, inclusive, por algún periódico extranjero. Por ello, dijo el asambleísta Castillo, que para evitar suspicacias o cualquier tipo de interpretación y quede absolutamente claro esa operación militar, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral debe arrancar un proceso de fiscalización, a fin de identificar si es que se cumplieron con los objetivos que se habían trazado en ese bombardeo.
Castillo señaló que para este proceso de fiscalización se tendrá que convocar a las principales autoridades de las Fuerzas Armadas, a fin de que informen a la mesa sobre cuáles fueron las condiciones en las que se dio el ataque, cuáles fueron los resultados y qué es lo que se busca.
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Cuestionó que sectores de oposición han pretendido hacer una utilización de carácter político de aquellas actuaciones de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno.
La resolución que se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra. A favor votaron los asambleístas de ADN-aliados y Pachakutik. En contra se pronunciaron los dos delegados de la bancada Revolución Ciudadana.
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El texto de la resolución aprobada dispone lo siguiente:
Artículo 1.- Disponer el inicio del proceso de fiscalización por parte de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto de la operación militar y bombardeo ejecutado el 6 de marzo de 2026 en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en el marco de la fase denominada ofensiva total, y sobre todas las acciones ejecutadas y por ejecutarse por el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y cualquier otra entidad pública o privada involucrada, directa o indirectamente.
Artículo 2.- Establecer que el proceso de fiscalización tendrá como finalidad verificar el cumplimiento del marco constitucional, legal y operativo aplicable, garantizando la transparencia institucional, sin menoscabar el rol estratégico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía e integridad territorial del Estado.
Artículo 3.- Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a las entidades competentes la remisión de información detallada, técnica y documentada sobre la planificación, ejecución, resultados y protocolos aplicados en la operación referida en la presente resolución.
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Artículo 4.- Disponer que el proceso de fiscalización se desarrolle bajo los principios de objetividad, responsabilidad institucional y respeto al accionar de las Fuerzas Armadas, reconociendo su labor en la lucha contra el crimen organizado transnacional y en protección de la seguridad integral del Estado.
La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), defendió la competencia de la mesa para hacer este proceso de fiscalización y recordó que este miércoles 1 de abril de 2026, los delegados de la bancada Revolución Ciudadana votaron en contra de fiscalizar un caso que “quiere llevar al escenario mediático”.
(I)
