La tercera ley económica urgente del Gobierno se aprobó en la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que propone más de 20 reformas a cuerpos normativos, que rebasan el Sistema Nacional de Contratación Pública, que era el objetivo de este proyecto.
El informe para segundo debate se aprobó con 84 votos a favor, en la sesión del martes, 24 de junio de 2025.
Además, del Sistema de Contratación Pública, entre las normativas que modifica esta ley está el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y más.
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Entre las principales reformas están:
- Cambiar el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para que las evaluaciones de desempeño ya no sean una vez al año, sino semestralmente, considerando indicadores como la eficiencia, resultados institucionales y el servicio prestado a los usuarios externos e internos, incluyendo la eficiencia en la contratación pública.
- El servidor que obtenga la calificación de insuficiente será destituido de su puesto, con el respectivo sumario administrativo previo.
- Establecer una pena de diez a trece años, en el caso de prevaricato, cometido por jueces y fiscales.
- En este mismo caso, se plantea la inhabilitación del ejercicio profesional de abogado y para el ejercicio de un cargo público, equivalente al doble de la pena impuesta.
- Reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, para que sancione con hasta 15 años a los niños, niñas y adolescentes que cometan delitos relacionados con el crimen organizado.
- Da la facultad al Consejo de la Judicatura, para declarar la emergencia en la Función Judicial y establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial.
- Esta figura también faculta a la Judicatura para que se realicen evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
- Reforma la Ley de Tránsito y permite suspender del cobro de multas por radares.
- Durante 180 días, los radares funcionarán solo de manera preventiva, mientras se revisan sus estándares.
- Reforma el Código Orgánico Administrativo y faculta al Presidente de la República para pueda suprimir entidades públicas de la administración pública central, creadas por ley, siempre que se demuestre que en el proceso legislativo se objetó la creación o que no existió dictamen presupuestario para la emisión de esta disposición.
- Incluye cambios en la Ley de Movilidad Humana para que los extranjeros, que hayan cumplido penas por delitos sancionados con penas de cárcel mayores a cinco años, sean expulsados y no puedan regresar al país sino hasta después de 40 años. De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el conflicto armado.
Tras su aprobación, la Ley de Integridad Pública pasará al despacho del presidente Daniel Noboa, para su veto o sanción. (I)
